Minuta de reforma arma a SSPC con instrumentos jurídicos
CIUDAD DE MÉXICO, 24 de febrero DE 2016.- Ante la irregular actuación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso de Humberto Moreira Valdés, ex presidente nacional del PRI, el diputado federal perredista Omar Ortega Álvarez reiteró la exigencia de llamar a cuentas a las titulares de ambas dependencias, informó el GPRD a través de un comunicado.
Todo parece indicar –dijo el parlamentario– que tanto la canciller Claudia Ruiz Massieu como la procuradora Arely Gómez González pusieron la maquinaria institucional y el gasto público al servicio y protección de un integrante de la cúpula política corrupta.
Calificó como falso que ambas dependencias, sus consulados y sus titulares actúen de modo similar en todos los casos, pues abundan las pruebas de que esto no es cierto.
Así, mientras el gobierno mexicano se volcó para rescatar al ex gobernador de Coahuila –estado al que dejó sobre endeudado-, al joven queretano Gonzalo Contreras Rincón lo tiene abandonado tras ser acusado, condenado y encarcelado en Madrid por tráfico de drogas y porque no ha tenido protección consular digna ni se le ha respetado su derecho a un debido proceso desde hace tres años.
De esta forma, en el caso de Contreras Rincón, la SRE incumplió el mandato de vigilar y proteger derechos e intereses de mexicanos en el extranjero a través de sus embajadas y consulados, con énfasis en evitar injusticias o arbitrariedades contra ellos, mientras en el caso de Moreira puso a disposición toda la maquinaria diplomática para su defensa, pero además brindó atención privilegiada a su familia con cargo al erario público.
A su vez, la procuradora Arely Gómez González presuntamente telefoneó a su homóloga Consuelo Madrigal, fiscal General de España, y lo mismo hicieron sus subalternos adscritos a la Embajada Mexicana en ese país con el pretexto de “conocer” del caso de Moreira, pero en realidad para poder interceder a su favor con el conocimiento de las acusaciones.
“Todo esto ha desatado las críticas y cuestionamientos de la opinión pública, así como de distintos funcionarios, funcionarias y representantes populares, quienes demandamos la rendición de cuentas de las titulares de la PGR y la SRE a fin que expliquen la atención especial brindada a Moreira durante su detención en España por acusaciones de malversación de fondos y delincuencia organizada”, señaló.
Agregó que, como representante social ante los presuntos delincuentes, la titular de la PGR debería actuar institucionalmente y ponerse del lado de la sociedad, en lugar de usar facciosamente sus facultades a favor de un correligionario que presuntamente delinquió y puso en crisis las finanzas públicas de Coahuila.
Por su parte, la SRE debe al menos transparentar en su totalidad el uso que hace de los presupuestos que le aprueba la Cámara de Diputados.
Por ello, Omar Ortega Álvarez pidió a los grupos parlamentarios representados en San Lázaro proceder institucionalmente y aprobar el punto de acuerdo que pondrá a su consideración para exhortar a la SRE a actuar sin distinción ni discriminaciones, apoyar a Gonzalo Contreras, y para informar cuánto y cómo gasta en protección consular y Derechos Humanos y cuánto gastó específicamente en el caso de Moreira. Para ello, el diputado también solicitará la comparecencia de la canciller.
Asimismo, propuso exhortar a la PGR a que informe cuáles son sus protocolos de actuación con la SRE en materia de protección y asistencia consular para personas en el extranjero.