PRD apostará a la consulta popular para revocar reforma energética

MÉXICO D.F., 15 de julio del 2014.- El PRD coincidió con analistas del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM en que la consulta popular prevista para 2015 podría revocar la reforma energética que se discute actualmente en el Senado.

Durante la mesa de debate Análisis Jurídico y Económico de la Legislación Secundaria en Materia Energética realizado en el Senado, la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna Luna, advirtió que la legislación secundaria en materia energética tiene vicios de inconstitucionalidad “hechos a modo para un grupo muy pequeño con facultades muy discrecionales”.

Padierna recordó que la nueva legislación aprobada dentro de la reforma política abre la puerta para que los mexicanos opinen sobre asuntos de trascendencia nacional, mecanismo a través del cual se podría anular la reforma energética impulsada por el PRI y PAN, en caso de ser aprobada por el Congreso.

“Esto no se acaba hasta el 2015 en que la población mexicana pueda decidir otra cosa como lo marca la Constitución”, dijo la legisladora.

En el mismo sentido se manifestó el ex embajador Jorge Eduardo Navarrete, quien consideró que una consulta popular es un mecanismo viable para revertir la reforma constitucional aprobada en diciembre pasado por el Congreso.

Navarrete sostuvo que “el gran ausente del actual debate que ha tenido muchas limitaciones y algunos vicios es la cuestión de la Ronda Cero, que será de la que depende el fututo de Pemex como empresa petrolera y se le ha manejado como un mero trámite administrativo”.

Por ello, propuso que se incluyan en la Ley de Hidrocarburos como artículos transitorios que el Congreso y la población conozcan los campos de exploración que Pemex solicitó y que se determine la responsabilidad institucional de las instancias que formularon y suscribieron dicha solicitud.

Por su parte, el economista Francisco Javier Alejo recordó que en la mayor parte de los países petroleros, el objetivo de nacionalizar el sector energético era el balance del poder entre lo privado y el Estado, mientras que la legislación secundaria en materia energética discutida en México sugiere lo contrario.

El especialista consideró preocupante que en las leyes se decidan las contraprestaciones aplicables a los contratos sin definir con claridad los alcances las mismas, proceso en el que se excluye la participación del Congreso.

En su turno, el economista Ramón Carlos Torres Flores destacó la inconveniencia de la creación de la Agencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de Hidrocarburos y la regulación ambiental propuesta ya que representan un retroceso en la política de protección al ambiente además de que “queda manifiesta la intención de que la agencia supla las funciones de la Semarnat”.