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Dictan prisión preventiva a padres de bebé abandonado en Tultitlán
MÉXICO D.F., 2 de agosto del 2014.- En México es “dramática” la lentitud endémica con que opera el sistema de justicia y ello obedece a que el derecho penal “es una panacea que va a resolver todos los problemas, acabar con la criminalidad y hacer que el mundo sea bonito y mejor”, consideró Miguel Polaino-Orts, catedrático de la Universidad de Sevilla, España.
“Esto es erróneo. El derecho penal no puede, en ningún caso, erradicar de manera absoluta la criminalidad. La criminalidad es, desde este punto de vista, consustancial a la sociedad”, añadió.
En entrevista con Quadratín México, el profesor invitado del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, explicó que “siempre que existe un grupo social va a existir una forma de criminalidad porque siempre va a haber sujetos que infrinjan la norma y cometan un delito”.
A partir de esa idea, puntó, “a lo que debe tender el derecho penal no es a eliminar la criminalidad, eso es irreal y utópico, sino a reducir la criminalidad hasta límites tolerables, donde uno tenga cierta sensación de seguridad y no salga a la calle con la seguridad de que va a resultar asaltado o balaceado, etcétera”.
Para el especialista en Derecho Penal, es urgente modificar dicha concepción de esa rama del Derecho, así como el engranaje de la justicia penal “para hacer de ella algo vivo, útil y que contribuya a lo que tiene que hacer que es fomentar la justicia, proteger los derechos de los ciudadanos y evitar que se produzcan mayores injusticias de las que ya se producen”.
Señaló que al estar basados en utopías, los sistemas de justicia se vuelven lentos y “pretenden lo imposible, no confieren protección ni ayuda a los sujetos que realmente las requieren, por ejemplo, las víctimas de un delito”.
Destacó que México atraviesa por un momento crucial “que constituye un reto para todo jurista que es la implantación de un nuevo sistema de justicia penal”, el cual debe hacerse de manera integral, “no puede implantarse un sistema de justicia penal de manera sectorial”.
Dicha implantación debe contar con la participación de juristas prácticos y teóricos, penalistas y procesalistas, jueces, fiscales, ministerios públicos, docentes, profesores universitarios y muy diversos operadores jurídicos.
“Tiene que existir una actualización directa entre el derecho y la propia sociedad, es decir, una simetría entre norma jurídica y realidad”, finalizó.