¡Las cicatrices quedan!: René Bejarano, a 20 años del video
MÉXICO, DF., 13 de septiembre de 2014.- Los partidos políticos deben ser permeables a la transparencia toda vez que la desconfianza ciudadana hacia ellos vulnera la credibilidad de nuestro sistema democrático, afirmó el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Francisco Javier Acuña Llamas.
“Conocer a fondo su vida interna permitirá a la ciudadanía poder participar activamente e involucrarse en sus actividades”, dijo aquí al dictar la conferencia magistral Alcance de la Reforma en Materia de Transparencia: El Tema de los Partidos Políticos.
Por lo anterior, Acuña consideró que la Ley General de Transparencia, aún pendiente de ser propuesta y discutida en el Congreso de la Unión, debe contener un capítulo que regule a los partidos políticos como sujetos obligados directos ante el IFAI.
“Los contenidos de la ley deberán establecer obligaciones que permitan conocer su vida institucional y el manejo de recursos públicos; los mecanismos para garantizar los derechos de acceso y de protección de datos personales, así como las medidas de apremio por incumplimiento de estas obligaciones”, expuso.
En el evento organizado por la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Tlaxcala (Caiptlax),en el teatro Xicoténcatl, Javier Acuña Llamas comentó que los partidos políticos ocupan los últimos lugares en los estudios e informes sobre confianza ciudadana, siendo actores fundamentales de la democracia.
“Los partidos políticos cumplen una función trascendental en la democracia; son el principal medio por el cual se articula la participación ciudadana y se incide en la toma de decisiones”, expuso.
El comisionado del IFAI apuntó que la transparencia partidaria supone, entre otras condiciones, el acceso a la información entre los miembros del partido; la rendición de cuentas de gestión y acción, tanto partidaria como pública; la administración de recursos de financiamiento, con criterio de probidad y legalidad; regulación y control de posibles conflictos de interés, y mecanismos de control imparciales y eficientes.