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MÉXICO DF, 8 de julio de 2015.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la perredista Angélica de la Peña, propuso este miércoles un Punto de Acuerdo para que se solicite al Ejecutivo Federal dar respuestas a las recomendaciones del informe ‘Tlatlaya a un año: la orden fue abatir’, realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Entre las recomendaciones del organismo de protección de Derechos Humanos destaca el informe para revertir la falta de justicia y verdad del caso, la Procuraduría General de la República (PGR) debe permitir la creación de una nueva comisión indagatoria para el caso Tlatlaya en la que participen especialistas que precisen el número de víctimas y se procesen a los responsables de los homicidios cometidos en la bodega del municipio mexiquense.
Se pide que las autoridades mexicanas adopten un procedimiento especial para la investigación de casos donde servidores públicos hayan privado de la vida a civiles y que se garantice el acceso a la información pública contenida en las investigaciones militares y civiles.
“Es urgente que se genere un mecanismo de alto nivel para dar cabal cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe del Relator Especial sobre las Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU”, subraya el documento.
Se solicita que se cite a comparecer en el fuero civil a las autoridades militares probables responsables por su calidad de mando y piden a la Sedena transparentar las órdenes vinculadas con la Operación Dragón, así como suspender todas las órdenes que instruyan a la tropa “abatir delincuentes”.
De la Peña Gómez en entrevista agregó que la explicación debe darse de voz del Ejecutivo Federal, no con funcionarios de la Defensa Nacional o la Marina Armada, ya que recalcó, “es un asunto que siempre ha estado en la cancha del Ejecutivo Federal, es el presidente de la República que no han querido tomar”.
“El Ejecutivo debe resolver el problema de las policías en el país, ese es el principal problema para que entonces asuman su responsabilidad constitucional las policías civiles, es el gran problema del país, arrastrando sexenio tras sexenio”, insistió la perredista.
En el Punto de Acuerdo que fue turnado a comisiones para su dictaminación solicita al Poder Ejecutivo que diseñe e instrumente a la brevedad una estrategia para retirar progresivamente a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada.