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MÉXICO,DF,. 4 de noviembre de 2015.- Fernando Ramos Casas, de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), lamentó que luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para amparar a cuatro ciudadanos para que cultiven marihuana para consumo personal y con fines lúdicos, no haya disposición del presidente Enrique Peña Nieto a abrir el debate sobre la legalización de la yerba.
“Con relación al presidente Enrique Peña Nieto y su negativa a que se abra el debate por lo menos de parte del Ejecutivo, a México Unido Contra la delincuencia lo frustra mucho porque llevamos casi cinco años hablando del tema”, dijo a pregunta expresa, en conferencia de prensa convocada luego de la histórica decisión de la SCJN.
“Ante la evidencia del fracaso en la guerra contra las drogas, sí nos gustaría que el presidente Peña Nieto nos escuchara. Yo no quisiera ver al presidente Peña Nieto en 2019 diciendo ‘ahora sí hay que legalizar la droga’. Ahora hay una gran oportunidad, hay muchos ex presidentes que se están sumando a este tema y hoy la Corte nos dio un gran ejemplo de democracia.
“Le dijo a los otros dos poderes, y lo dijo [el ministro] Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la manera en que se expresa la Corte con los otros dos poderes es a través de sentencias, no tenemos que mandarles un exhorto ni un comunicado, con nuestras sentencias nos pronunciamos”, señaló.
Adelantó que si el presidente Peña Nieto no pide abrir el debate desde el Ejecutivo, entonces acudirán a la Cámara de Diputados y Senadores para que le entren al tema y en caso de que se decidan entonces confeccionar una nueva ley de salud que permita el autocultivo para su consumo.
Por su parte el consejero del MUCD y miembro de la Sociedad mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), el colectivo que solicitó el amparo a la SCJN, explicó que detrás del impulso para solicitarlo se encuentra minimizar los daños colaterales de la actual política contra las drogas.
“Hoy hacen más daño las políticas contra las drogas que las mismas drogas, con una política como esta con un abordaje como el que se está proponiendo el daño se limita al individuo y cada individuo determina qué tanto se daña, no el Estado y quitamos los daños colaterales de los que hemos estado hablando hasta el cansancio, como encarcelamiento, violación a los derechos humanos, extorsión policiaca y una serie de cosas”, refirió.
La decisión de la Suprema Corte hará que se revivan iniciativas sobre el tema, consideró por su parte el abogado Juan Francisco Torres, quien informó que ya hay contacto con legisladores y desde este 5 de noviembre iniciarán reuniones con representantes del Congreso de la Unión.
“Vamos a resucitar iniciativas», abundó.
El abogado litigante y miembro del Centro Estratégico de Impacto Social, Andrés Aguinaco expresó que el caso es “un hito histórico en el país y enaltece el principio de libertad así como el respeto y promoción de los derechos humanos”.
Pidieron a quienes deseen ser amparados y emular a los ciudadanos de SMART no apresurarse a hacerlo, ya que un mal amparo puede ser contraproducente y sembrar jurisprudencia en contra.