Pide Comisionado de ONU que GIEI interrogue a Batallón 27 sobre Iguala

MÉXICO, DF., 7 de octubre de 2015.- Si el verdadero destino de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa es revelado como resultado de una rigurosa y determinada investigación, el amplio rango de perpetradores es identificado, procesado y sentenciado, incluyendo reparación a las víctimas, el caso Iguala podría beneficiar en situaciones similares en México, afirmó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en el cierre de su visita al país.

Al abundar sobre el caso que captó la atención nacional y alrededor del mundo, Zeid Ra’ad señaló que el hecho ocurrido en el municipio de Iguala, Guerrero, puso a prueba la voluntad y la habilidad de las autoridades para afrontar los crímenes violentos y la corrupción.

Por ello, contradijo a dependencias federales y enfatizó que el gobierno mexicano debe actuar decisivamente sobre las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluyendo su insistencia de que las autoridades reviertan su decisión de no permitir que los especialistas se entrevisten con miembros del Batallón 27, quienes presumiblemente estaban en la escena cuando fueron atacados los normalistas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Ante las limitaciones e irregularidades de los servicios forenses en México, que salieron a la luz tanto en el informe del GIEI como en el Equipo Argentino de Antropología Forense, urgió a crear una institución nacional forense de carácter autónomo y con recursos adecuados.

“El caso Iguala es un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. Pone en relieve el predominio de la impunidad e indiferencia por las víctimas que afectan al país entero”, criticó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas al referirse sobre que el descubrimiento subsecuente de cuerpos enterrados en fosas comunes que no resultaron ser los normalistas.

Al abundar en conferencia de prensa, este miércoles, sobre otras situaciones de violaciones a los derechos humanos, agregó el caso de los asesinatos de nueve personas en el municipio de Apatzingán, Michoacán, en enero de 2015; y de 43 personas, incluyendo un oficial de la policía, en Tanhuato, en mayo pasado, así como el caso Tlatlaya, presumible de ejecución extrajudicial.

“Este es un país en el que si eres víctima de un crimen, a los últimos a los que llamas es a la policía”, citó a una de las personas con las que se entrevistó en su reciente visita; en ese sentido, añadió que si la policía no funciona adecuadamente, entonces el sistema de justicia en su conjunto corre el riesgo de ser disfuncional.

“El fracaso de la policía, del sistema de justicia para esclarecer el paradero de las víctimas y lo que les sucedió, y sobre todo de los sucesivos gobiernos y del sistema político en su conjunto para detener estos crímenes no sólo es lamentable, es profundamente trágico”, dijo a su vez que puso a disposición su Oficina para asistir a las víctimas de todas las formas que le sea posible.

Zeid Ra’ad lamentó que en el Gobierno mexicano los políticos sean intolerantes ante la crítica pública sobre los informes internacionales sobre el papel de México en los derechos humanos, como lo ocurrido con el Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, quien fue sujeto de violentos ataques personales por parte de algunos políticos.