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Pospone INE presentación de informe sobre candidaturas a elección del PJ
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de febrero de 2016.- Diputados federales de Morena manifestaron su rechazo a la iniciativa enviada al Congreso de Veracruz con el proyecto de decreto que reforma el artículo 98 de la Ley de Pensiones del estado, pues arguyeron que en la realidad constituye la evasión de la responsabilidad del gobierno de Javier Duarte de Ochoa por el adeudo de dos mil millones de pesos a la Universidad Veracruzana (UV).
“Javier Duarte debe responder por el pasivo contraído con la Universidad Veracruzana”, reprendieron los legisladores veracruzanos de Morena, Rocío Nahle García y Sergio René Cancino Barffusón, y exhortaron a sus homólogos locales a rechazar el proyecto enviado por el mismo mandatario estatal el 18 de febrero pasado.
El gobernador de extracción priísta envió al Congreso dicha iniciativa donde según la exposición de motivos busca enfrentar la situación adversa del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), recursos que han desaparecidos en forma irresponsable y con opacidad, donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reporta graves desvíos.
“Su voto podría significar el riesgo o la consolidación de la educación superior pública de Veracruz; las consecuencias de su voto se verán reflejadas en el desarrollo del estado. El compromiso es con el pueblo y particularmente con los jóvenes veracruzanos”, rebatió la coordinadora de la fracción de Morena, Rocío Nahle.
De acuerdo a lo expuesto por los legisladores en San Lázaro, el propósito de la iniciativa de Duarte tendría un impacto negativo para la Universidad Veracruzana, a cuenta del propio contexto de insolvencia financiera que vive en la actualidad, situación atribuida al incumplimiento del gobierno de Duarte.
“Resulta inconcebible que mientras Morena impulsa universidades para ofrecer oportunidades de estudios a los jóvenes, el gobierno se encarga de castigar a las universidades públicas actuales”, criticó la legisladora de la entidad jarocha.
Agregó que resulta absurdo de darse el caso de que los recursos del IPE no bastan para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit será cubierto directamente por los patrones a los beneficiarios, aunque éstos ya hayan pagado impuestos al estado.
“Ellos no deben cubrir los desvíos del gobierno de Javier Duarte”, fustigaron.