Pide Nahle García designación de Comisionado de Seguridad en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de mayo de 2016.- Ante la situación de inseguridad y violencia que padece Veracruz, así como el actuar del gobernador Javier Duarte, es urgente que el Ejecutivo federal designe un Comisionado de Seguridad en la entidad, consideró Rocío Nahle García coordinadora de la fracción de Morena en San Lázaro.

Solicitó al presidente Enrique Peña Nieto establecer una coordinación en la que intervenga la Secretaría de Gobernación (Segob), a fin de emprender acciones que pongan “un alto a la inseguridad que azota al estado costero, y que amenaza la paz pública, lesiona el Estado de derecho y pone en peligro a las familias veracruzanas”.

“Veracruz vive una crisis de inseguridad provocada por una violencia criminal desbordada. El gobierno de Javier Duarte ha sido incapaz de detener este clima de muerte y barbarie, y de devolver a los veracruzanos la tranquilidad que tanto anhelan”, expresó.

A través de un comunicado de prensa, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) resaltó que el gobierno de Duarte ha observado una escalada exponencial en los índices de violencia, que se suma a la escandalosa pasividad de las instituciones de seguridad y justicia para combatir los delitos de alto impacto.

Añadió sobre el tema de asesinatos y secuestros en Veracruz al registrar un aumento de 114 y 40 por ciento, respectivamente, en comparación con el inicio del año pasado, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Segob, dependencia que dirige Miguel Ángel Osorio Chong.

Expresó que “el diagnóstico de la entidad es muy claro y la respuesta del Gobierno local es nula”. Ello porque en el primer bimestre del 2015 se registraron 68 homicidios dolosos, mientras que en el mismo periodo del 2016 se contabilizaron 139 asesinatos; es decir, 71 crímenes más, lo que representa un incremento del 114 por ciento.

Nahle García propuso fortalecer los operativos de vigilancia en todas las carreteras de Veracruz, “para frenar los robos con violencia; acelerar las investigaciones sobre los delitos de desaparición forzada cometidos en los últimos cinco años, y brindar medidas de protección a los periodistas ante la violencia extrema de la que han sido víctimas”.