Pide Omar Ortega no avalar impunidad en caso Tlatlaya

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de abril de 2016.- El diputado Omar Ortega Álvarez solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informe si las recomendaciones que hizo a diferentes dependencias federales y mexiquenses involucradas en el caso Tlatlaya se han cumplido, a fin de evitar impunidad y repetición de otros semejantes, informa el Grupo Parlamentario del PRD a través de un comunicado.

Mediante una propuesta de Punto de Acuerdo a consideración del Pleno de Diputados, el legislador federal perredista recordó que la CNDH reconoció que el 30 de junio de 2014 hubo una grave violación a garantías fundamentales al ser ejecutadas extrajudicialmente al menos 15 personas.

Agregó que en su extensa relatoría de 399 puntos sobre los hechos, la CNDH documentó claramente que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) mintieron en sus declaraciones iniciales sobre esta masacre.

Debido a ello –dijo el legislador mexiquense–, la CNDH recomendó a la Sedena enjuiciar a los militares involucrados y a la Procuraduría General de la República (PGR) iniciar un proceso penal paralelo, a fin de que se haga justicia a las víctimas directas e indirectas.

La recomendación se hizo extensiva al gobierno del Estado de México y a la PGJEM e incluye, entre otras cosas, indemnización, atención médica y psicológica necesaria y otros servicios sociales o de asistencia requeridos en función de cada caso particular de las víctimas indirectas.

Ortega Álvarez precisó que Sedena, PGR y el gobierno del Estado de México aceptaron la recomendación de la CNDH porque, como otros hechos graves en nuestro País, Tlatlaya evidenció una gran debilidad institucional y desató la indignación nacional e internacional, pues  elementos del Ejército, en complicidad con autoridades de la Procuraduría mexiquense actuaron arbitrariamente.

Señaló que, como lo recomendó la CNDH, Sedena sometió a juicio a siete de los soldados participantes, pero su Juzgado Sexto Militar los exoneró ilegalmente desde octubre pasado, según denunciaron organizaciones civiles.

Por su parte, la PGR, también acató la recomendación e inició proceso contra los militares involucrados, pero al momento su actuación no ha sido efectiva, eficiente y menos expedita.

Además, el proceso está inmerso en la opacidad, a pesar de que la CNDH recomendó hacer público el expediente, tal como lo establece la Constitución cuando se trate de violaciones graves a Derechos Humanos.

Debido a ello, el dirigente perredista en el Estado de México también exhortó a la PGR informar sobre los avances de sus investigaciones y a la Secretaría de la Función Pública determinar si los involucrados pudieran ser también objeto de responsabilidades administrativas por la matanza en Tlatlaya.