Pide diputado Ortega apoyo para defensores del medio ambiente

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de febrero de 2016.- El diputado del PRD, Omar Ortega Álvarez, pidió a autoridades administrativas, ministeriales y judiciales mexiquenses y federales respetar los derechos humanos y apoyar a quienes defienden el medio ambiente en lugar de criminalizarlos y revictimizarlos, como a Ildefonso Zamora Baldomero, pues con esto promueven la impunidad de depredadores y delincuentes, como los taladores ilegales en el Estado de México, informó el Grupo Parlamentario del sol azteca a través de un comunicado.

El parlamentario perredista refirió que Zamora Baldomero destaca desde hace años entre los defensores de los bosques de San Juan Atzingo, municipio de Ocuilán, y en esa lucha perdió un hijo y fue encarcelado injustamente.

En diciembre de 2005, como presidente de bienes comunales, él y otros comuneros indígenas denunciaron penalmente a un grupo de saqueadores de madera a quienes fotografiaron y videograbaron en flagrancia.

Hasta un año después –en noviembre de 2006–, el Ministerio Público solicitó 57 órdenes de aprehensión, pero éstas fueron negadas por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, Gerardo Eduardo García Anzures, con el pretexto de la inexistencia de elementos constitutivos del delito.

Ni siquiera se tomó en cuenta la denuncia presentada por la organización medioambiental Greenpeace, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contra los talamontes que literalmente extinguían los bosques de esa comunidad –integrantes del Parque Nacional Lagunas de Zempoala, a su vez, parte del Bosque de Agua–, y por lo cual dicha organización exigía detenerlos a la brevedad.

El legislador federal apuntó que, pese a esto y las amenazas, hostigamientos y ataques contra ellos, así como la inacción gubernamental, los comuneros de San Juan Atzingo continuaron con la defensa de sus bosques.

El 15 de mayo de 2007, ahora junto a Greenpeace, presentaron denuncia ante la Procuraduría General de la República –AP82/UEIDAPLE/DA/22/2007- por la ilegal tala de recursos forestales maderables en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, Estado de México, y Huitzilac, Morelos.

En represalia, ese mismo día los talamontes asesinaron a Aldo e hirieron a Misael Zamora,  respectivamente hijo y hermano de Ildefonso, y aunque Greenpeace y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez solicitaron mayor protección para él y su familia, dos de los asesinos y taladores del Bosque de Agua –Luis y Alejo Encarnación Neri– siguen prófugos.

Peor aún: las autoridades parecieron haberse aliado con los delincuentes, pues a la desprotección en que se dejó a Ildefonso Zamora y su familia se le añadió la abierta agresión en su contra bajo el disfraz de acción legal por robo.

Así, nueve años después del asesinato de su hijo, con una acusación oculta tres años y sin notificación alguna, se le inició proceso por ese delito.

Luego, sin orden de aprehensión, se le detuvo y, sin defensa adecuada, se le encarceló donde estaban Fernando y Silvestre Jacinto Medina, otros dos de los homicidas de Aldo que sí fueron capturados.

Aunque éstos fueron trasladados a otro penal por la presión de los comuneros y las mencionadas organizaciones, continúa el injusto proceso contra Ildefonso con base en inverosímiles, contradictorios e inventados testimonios –pues el día del supuesto robo estaba en otro sitio– y se le tiene preso en el Penal de Tenancingo.

Mientras, la depredación del Bosque de Agua sigue y, por la acción de talamontes e inacción de autoridades, pierde al día el equivalente a nueve canchas de futbol y al año dos mil 400 hectáreas, así que en medio siglo podría desaparecer.

Para dimensionar el daño en agravio no sólo de los comuneros de San Juan Atzingo, sino del país y el planeta, Ortega Álvarez recordó que este bosque alberga dos por ciento de la biodiversidad mundial, abastece tres cuartas partes del agua a la Ciudad de México y alimenta a los ríos Lerma y Balsas.

Por la trascendencia del tema exhortó al Pleno de Diputados intervenir y solicitar a la Profepa cumplir con sus facultades y sancionar a los taladores ilegales, así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y al juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con residencia en Toluca, actuar con respeto a los derechos humanos, concederle la protección solicitada a Ildefonso Zamora, liberarlo y determinar lo conducente respecto a su inocencia.

Advirtió que las condiciones de Ildefonso son delicadas, pues los golpes y  agresiones durante su detención agravaron su salud y ésta podría empeorar por la diabetes y desnutrición, así como la falta de atención médica e higiene, lo que en conjunto impide la cicatrización de sus heridas.