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MÉXICO, DF., 24 de enero de 2016.- El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, solicitó al Gobierno del Distrito Federal un informe pormenorizado en relación a las licitaciones realizadas y los contratos suscritos, así como los recursos presupuestales y humanos asignados para la instrumentación del programa de fotomultas y el Sistemas de Control de Tráfico con la empresa Autotraffic, SA de CV, durante el periodo 2005-2015.
A través de un Punto de Acuerdo suscrito por la bancada tricolor, se precisó que esta información es necesaria debido diversas irregularidades en su designación, instrumentación, emisión, cobranza y notificación del sistema de fotomultas implementado en el nuevo Reglamento de Tránsito para la capital.
“Desde que comenzó a operar, el sistema de fotomultas ha presentado diversas irregularidades, entre ellas se encuentran que la empresa Autotraffic, SA de CV utiliza vehículos particulares desde los cuales generan infracciones a los automovilistas sin que vayan a exceso de velocidad y el sistema de notificación no es eficiente y oportuno”, puntualiza el documento inscrito en la Comisión Permanente.
A esto se suma al contrato multianual SSP/BE/S/312/2015, dado a conocer que establece levantar una cuota mínima de 5 mil fotomultas al día, es decir, al menos 150 mil cada mes, lo que obliga a la empresa a imponer durante el 1 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2017, un mínimo de 4 millones 200 mil multas, con un valor superior a los 149 millones 876 mil pesos, más 16 por ciento del IVA correspondiente.
De acuerdo con el contrato, la empresa operadora será acreedora del 45 por ciento de cada una de las infracciones, bajo el argumento del jefe de Gobierno del DF, de que es la propietaria del equipo para infraccionar, ya que la Administración Capitalina no realizó ninguna inversión para adquirir la tecnología.
Además la bancada tricolor destacó que Autotraffic ha sido denunciada en diversas ocasiones por presuntos abusos como la manipulación de los equipos de radar y el nulo servicio de mantenimiento preventivo a sus equipos y es que la empresa no es vigilada por ninguna entidad fiscalizadora para prevenir anomalías de esta naturaleza.
“Frente a este diagnóstico, los senadores del PRI estamos convencidos de la necesidad de solicitar al Gobierno del Distrito Federal un informe para que dé a conocer las licitaciones realizadas y los contratos suscritos, así como los recursos presupuestales y humanos asignados para la instrumentación del programa durante el periodo 2005-2015, debido diversas irregularidades en su designación, instrumentación, emisión, cobranza y notificación”, concluye el oficio inscrito en la Comisión Permanente.