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Pospone INE presentación de informe sobre candidaturas a elección del PJ
MÉXICO, DF., 12 de diciembre de 2015.- El senador del PRD por Michoacán, Raúl Morón, solicitó al Gobierno federal, a través de un Punto de Acuerdo, un informe detallado sobre la evaluación docente y el desempeño de los profesores y directivos de educación básica y media superior realizada durante el año 2015, derivado de la Reforma Educativa del año 2013.
Además se requirió precisar la cantidad de docentes evaluados y no evaluados, las características de la prueba de evaluación, los fines de la evaluación efectuada y la implementación del proceso de evaluación.
En el proyecto presentado al Pleno del Senado, Morón Orozco pidió que en el informe se incluya la cantidad de los docentes que no asistieron a la prueba, los que faltan de evaluarse en cada entidad federativa en esta primera etapa y las entidades federativas donde la evaluación fue suspendida o aplicada parcialmente, explicando en cada caso las razones de la suspensión.
Respecto a la prueba de evaluación, el senador michoacano pidió incluir los indicadores evaluados, los parámetros de la evaluación, la metodología utilizada para la implementación del proceso de evaluación y de calificación de la evaluación, así como las características de los evaluadores y criterios para su designación.
Entre las variables requeridas se pidió también puntualizar en el informe del Gobierno federal los fines de la evaluación, las variables consideradas para mejorar la calidad del proceso de enseñanza a partir de los resultados, las características del proceso de regularización de los docentes que no alcancen nivel de suficiente, entre otros.
Y se solicitó la cantidad de docentes conducidos o transportados por la fuerza pública o por integrantes del Ejército o de la Gendarmería, las personas o instituciones ajenas a la autoridad educativa que participaron en el proceso de evaluación o conducción o resguardo de los docentes a las sedes de aplicación de la prueba docente, así como la cantidad de elementos de seguridad pública que fueron destinados para el resguardo de las sedes de aplicación en cada entidad federativa y el gasto que representó al erario.
El Punto de Acuerdo fue remitido a la Comisión de Educación para su dictaminación.