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CIUDAD DE MÉXICO, 22 de febrero de 2016.- El combate a la corrupción debe tener como eje principal a la ciudadanía y debe integrar la visión de respeto a los derechos humanos, advirtieron los senadores del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Humberto Fernández Fuentes y Armando Ríos Piter.
Fernández Fuentes solicitó al titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, un compromiso para que la reforma vaya hacia delante y no limite de ninguna forma los avances obtenidos con la reforma constitucional.
Afirmó que la ley debe atacar también la corrupción política y todos los elementos a su alrededor, lo que implica desde normar la propaganda gubernamental, hasta todos los factores que le dan potencia a la corrupción.
“Sería muy difícil pensar en una reforma que no considere a la ciudadanía y a los órganos ciudadanos como eje del combate a la corrupción”, afirmó.
El legislador señaló que el análisis del combate a la corrupción debe tener un enfoque de prevención y sanción de la corrupción: educar al servidor público y a la sociedad; y tolerancia cero.
“Esta reforma para nosotros es de la mayor relevancia porque sabemos que la política anticorrupción es la forma es más eficiente de reformas al Estado, pero además creemos que es la forma más eficiente de seguridad pública”, aseveró.
Por su parte, el senador Armando Ríos Piter comentó que este tipo de diálogos ha tenido lugar en diversas ocasiones y es notorio que las posiciones de las instituciones no han cambiado.
Consideró que estos foros no estarán completos si no se cuenta con nuevos actores porque se puede seguir viendo el tema del Sistema Nacional Anticorrupción con los mismos rostros y las mimas posturas sin apreciar el tema con plenitud.
“Estos foros tienen que involucrar a gente que esté metida en organizaciones de derechos humanos, porque las violaciones graves de derechos humanos que están ocurriendo en el país tienen que ver con una cosa de corrupción”, dijo.
Ríos Piter subrayó que las instituciones que tenemos hoy por sí mismas deberían tener capacidad de combatir la corrupción, pero el problema es que al no haber voluntad política o capacidad real de incidir, se obtienen datos bastante malos y pareciera que las instituciones también son parte del problema.
En ese sentido, destacó que el 97 por ciento de las denuncias por corrupción que al Auditoría Superior de la Federación ha establecido entre 98 y 2015 – un total de 657 denuncias penales por actos de corrupción-, han quedado impunes y sólo 19 han terminado en consignaciones.
“A la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción tenemos que quitarle un pecado capital que tiene: que partimos de que las instituciones hoy, como están funcionando, están funcionando bien”, advirtió el senador por Guerrero.