Pide Prodh preparar policías para enfrentar marchas sin ‘venganzas’

MÉXICO, D.F., 7 de agosto del 2014.- El uso de la fuerza pública en contra de quienes realizan una protesta es una suerte de «venganza institucional» en la cual el policía cumple una orden.

«Desde luego la materializa mal pero la mayor responsabilidad es de quien toma las decisiones», alertó Mario Patrón, subdirector del Centro Prodh.

La intervención policial en el contexto de manifestaciones públicas, dijo, es «hacer justicia por propia mano» a los insultos o acciones que puedan expresar los manifestantes.

Así, «se expone a los policías por sus propias instituciones para hacer tareas para las que no están preparados», apuntó al participar en la mesa Uso De La Fuerza Contra La Protesta, durante el encuentro Sin Protesta No Hay Democracia, realizado hoy en la Casa Universitaria del Libro.

Destacó que no es la visión punitiva la que tiene que dialogar con la protesta social sino la concertación política y la prevención y ejemplificó con lo sucedido el 1 de diciembre de 2012 cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República.

«Si hacemos un análisis del 1 DMX la operación del gobierno de la ciudad, desde las 6:00 horas sabían que había un grupo de manifestantes beligerante y no hubo concertación, no hubo prevención de la violencia y la violencia siguió; fue hasta después que pasaron los peores acontecimientos de violencia cuando se da la orden a la policía para hacer detenciones».

El debate, dijo, es la calidad de policía que tenemos, como institución, no los policías de a pie, toda vez que en ocasiones «es la propia presencia policial la que genera la violencia».

Durante la misma mesa, el subsecretario de Gobierno del DF, Juan José García Ochoa, reconoció que es necesario repensar los protocolos y que los elementos policíacos no los han interpretado correctamente.

Se pronunció porque el uso de la fuerza sea «mínimo» y por la creación de una política específica que promueva el derecho a la protesta en un marco de corresponsabilidad ciudadana.

Justificó que debido a que desde 2012 «entraron problemas y actores nuevos» -antes de esa fecha, dijo, había conflictos «muy establecidos», representados por ciertas agrupaciones con las que ya se tenía contacto- lo que ha derivado en nuevas desconfianzas de los actores sociales hacia las autoridades, lo que ha dificultado la concertación y la mediación.

Por su parte, Julio César Torres, consultor en temas de protección a periodistas, denunció que el año pasado en el DF se registraron 34 agresiones en la capital del país, de las cuales el 60 por ciento provinieron de servidores públicos.