Pide diputada del PAN considerar “voto de castigo” en estados endeudados

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de abril de 2016.- El “voto de castigo” como una opción que el electorado debe considerar en el próximo proceso de junio, planteó el PAN en la Cámara de Diputados en entidades como Veracruz, Coahuila, Chihuahua, Estado y Ciudad de México.

Dicho sobreendeudamiento y manejo irresponsable de las finanzas públicas es un factor que debiera considerar la ciudadanía donde se renovarán gubernaturas estatales este año, aseveró la diputada del PAN, Arlette Muñoz Cervantes.

La panista expuso que los altos niveles de deuda pública subnacional implican, en el mediano y largo plazo, “una barrera para el desarrollo de las plataformas de los gobiernos entrantes.

De acuerdo a la propia Secretaría de Hacienda y el Centro de Estudios para las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados las entidades que registran las cifras más altas de sobreendeudamiento son: Veracruz con 45 mil millones de pesos; Chihuahua, 42 mil millones; Coahuila, 36 mil millones; Estado de México, 33 mil; y Ciudad de México, 65.8 mil millones, y un nivel de crecimiento anual de 15 por ciento.

Las administraciones de estos estados de la República son colocados como las peores evaluadas en la materia por instituciones del sector público y organismos del sector privado.

Resulta indispensable dimensionar las consecuencias del incremento exponencial que ha tenido la deuda pública en los últimos 10 años, pues éstas abarcan insostenibilidad financiera, menores recursos para proyectos de inversión en beneficio de la ciudadanía y mayores cargas fiscales para los contribuyentes, aseveró Muñoz Cervantes.

El “voto de castigo” en las elecciones para aquellas administraciones que han incurrido en estas prácticas llevando su nivel de endeudamiento a cifras alarmantes, insistió.

La legisladora por el estado de Aguascalientes, apuntó que el proceso de descentralización de gobiernos municipales y estatales ha tomado fuerza en la última década, lo cual ha permitido fortalecer la autonomía operativa y financiera de los mismos, sin embargo, ha sido desvirtuado por representantes de manera irresponsable, anteponiendo intereses particulares frente a las necesidades de las entidades.

Sobre la recién aprobada Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios, Arlette Muñoz confió en que sea una herramienta legislativa que permitirán establecer controles normativos y contrapesos en este terreno.