Pide a jueces la Judicatura respetar derechos humanos

MÉXICO, DF, 21 de octubre de 2014.- Impartición de justicia y aplicación de los derechos humanos siempre deben ir de la mano, porque de lo contrario no tendremos una buena aplicación de ésta, ni tampoco podremos hablar de una democracia plena, aseguró el consejero de la Judicatura Federal, Manuel Ernesto Saloma Vera, destaca la segunda emisión de Noticias MVS.

Al participar como moderador en la mesa de trabajo El Nuevo Paradigma de los Derechos Humanos, en el marco del Congreso Nacional El Nuevo Juicio de Amparo y el Control de Convencionalidad.

Desafíos del Juez Mexicano –en el que participaron casi mil 200 juzgadores federales del país–, el consejero estableció que en el tema de los derechos humanos el justiciable siempre debe ser el centro, por lo que el juzgador federal tiene que velar por sus intereses.

“El Poder Judicial de la Federación va a tutelar sus derechos humanos, los va a analizar y a preservar. No hay manera de huir de esa responsabilidad”, aseveró.

Saloma Vera hizo un llamado a los impartidores de justicia federales del país a que ubiquen, analicen y apliquen los desafíos que tiene este nuevo paradigma de los derechos humanos.

“Es un reto para el juzgador, no podemos decir que es una cuestión nueva, pero es una adaptación a figuras y paradigmas nuevos y distintos; con ello podemos decir que se buscará una verdadera justicia y no nada más una fría aplicación de la ley”, añadió.

Quienes hoy aplican la ley, aseveró Saloma Vera, son juzgadores de la Décima Época, mismos que tienen que aplicar la ley totalmente diferente a la que venían enfrentando antes; tienen que enfrentar, evaluar y ponderar los derechos humanos frente a todo el ámbito de las garantías que están a su consideración.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) está interesado no sólo en el nuevo paradigma de los derechos humanos, sino también en la implementación de la reforma en materia penal, en los nuevos juicios orales, en la justicia para adolescentes y en los jueces de ejecución. Todo ello con el propósito de brindar garantías y seguridad a la sociedad, a la que se deben todos los jueces y magistrados del país, sostuvo.

Es necesario establecer nuevos lineamientos y formas de actuar de los juzgadores para tutelar todos los derechos, no sólo los derechos fundamentales y las garantías individuales, sino todos los derechos humanos, reiteró.

Para ello, los juzgadores tienen que sopesar cuáles son los derechos humanos, pero no sólo de una parte, sino también de la contraparte, es decir, hay que cuidar a la víctima y al presunto culpable, porque de lo contrario se corre el riesgo de afectar a uno de ellos.

“El juez debe tener ahora mayor raciocinio y mejor preparación, para ello debe buscar en la justicia lo que antes estaba limitado”, puntualizó Saloma Vera.

Recordó que durante los trabajos de la mesa en la que se abordó el tema de El Nuevo Paradigma de los Derechos Humanos, se señaló que la reforma en derechos humanos modifica el artículo 33 constitucional, garantizando que los extranjeros gocen de un debido proceso legal, y refuerza los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, además de que impone el deber de respeto y garantía para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias.

En consecuencia, explicó, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, lo cual implica que el catálogo de nuestros derechos se amplía reconociendo aquellos contemplados en los instrumentos internacionales.

En la relatoría de dicha mesa, se establece el nuevo paradigma de impartición de justicia en México se debe construir asumiendo la responsabilidad que tienen los juzgadores de resolver los conflictos que les son sometidos a su conocimiento, con las obligaciones que impone la constitución de proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos en beneficio de todas las personas que se involucran en su proceso para lograr fortalecer la institucionalización y favorecer la eficacia de los derechos fundamentales en el país.

Asimismo, se fijó que es necesaria la existencia de garantías constitucionales, entendidas como los mecanismos procesales de tipo jurisdiccional para demandar ante los tribunales la preservación o el restablecimiento de los derechos humanos, en el caso de que hayan sido desconocidos. Una de las garantías fundamentales es el juicio de amparo que, ligada a la reforma de los derechos humanos, ha sido modificada permitiendo un acceso a la justicia más eficaz.

Se expuso que es deber de los juzgadores federales dictar sentencias que cumplan con el estándar mínimo interpretativo en materia de derechos humanos, con la finalidad de transformar e impactar de manera efectiva en el acceso a la justicia y al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y de los grupos indígenas de nuestro país.