Piden PRD y Morena considerar informe de Centro ProDH en caso Tlatlaya

MÉXICO, DF., 3 de julio de 2015.- Las diputadas del PRD y Morena, Elena Tapia Fonllem y Loretta Ortiz Ahlf, consideraron inaceptable que los mandos de la 22 Zona Militar hayan emitido la orden de “abatir delincuentes” en operaciones nocturnas sobre la matanza de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio de 2014, por lo que pidieron a las autoridades federales y estatales considerar los aportes de organizaciones civiles para garantizar el acceso a la justicia y atender las violaciones de los derechos humanos.

Luego de que este jueves 2, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) diera a conocer su informe Tlatlaya a un año: La orden fue abatir, la coordinadora del Grupo de Trabajo en la Cámara de Diputados, Elena Tapia, se pronunció para esclarecer con la verdad el caso paradigmático de ejecuciones extrajudiciales que ilustra la grave crisis en derechos humanos que aqueja en el país.

En tanto, la diputada de Morena, Loretta Ortiz, también consideró que la instrucción de los militares de “abatir delincuentes” en horas de la oscuridad representa una incitación a la tropa para atropellar los derechos de los civiles.

“Una decisión institucional de esta naturaleza opaca cualquier esfuerzo para el avance del respeto y protección de los derechos humanos que pudiera realizar el Gobierno federal”, coincidieron relativo a los documentos recogidos en el informe del Centro ProDH, las legisladoras que dieron seguimiento al caso Tlatlaya desde el Congreso.

Tapia Fonllem y Ortiz Ahlf reconocieron el esfuerzo de análisis realizado por el Centro ProDH, además de respaldar a las víctimas en la lucha por el derecho a la justicia.

Recordaron que la poca disposición oficial para esclarecer las responsabilidades de diversos servidores públicos, así como de proporcionar información y documentos, impidieron mejores resultados del Grupo de Trabajo para coadyuvar en la investigación del Caso Tlatlaya.

“Cuando solicitamos formalmente la información sobre la cadena de mando y acceso a los expedientes para delimitar las responsabilidades de cada uno de los elementos, sólo se nos brindaron negativas y excusas”, señaló la perredista.

La morenista expuso que existe una gran incertidumbre acerca de los procesos que enfrentan los integrantes del Ejército y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México por parte de las autoridades federales, lo que afecta la posibilidad de que se modifiquen los patrones de abusos e impunidad que prevalecen en las actividades de los cuerpos de seguridad pública y las fuerzas armadas.

Las legisladoras plantearon que la PGR debe redoblar esfuerzos para brindar resultados a la sociedad de sus investigaciones penales sobre el caso Tlatlaya, sin ningún pretexto de “seguridad nacional” ni de cualquier otra índole.