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MÉXICO, DF., 26 de enero de 2016.- Padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, entregaron una solicitud a los ministros de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) para sostener una reunión con ministros y solucionar la situación de los detenidos vinculados con el caso.
En el marco de los 16 meses de estos hechos, una comitiva de padres ingresó a la SCJN para informar que los policías detenidos e investigados por la desaparición de los jóvenes pueden quedar en libertad en caso de que les otorguen amparos.
Una comitiva acudió ayer al máximo tribunal para entregar un documento en el que exponen el otorgamiento de un amparo a uno de los policías de Iguala, Guerrero detenido por el delito de homicidio.
«Solicitamos, con el debido respeto a la independencia de los órganos jurisdiccionales, que las resoluciones que emitan los jueces de Distrito en el caso Ayotzinapa, sean apegadas a los principios de imparcialidad e independencia», señalaba el documento.
Mencionaron que un amparo promovido por el policía preventivo de Iguala Julián Abraham Acevedo Popoca, del 31 de marzo de 2015, fue aceptado por el juzgado Noveno con sede en Iguala, Guerrero, quien concedió el recurso «para efectos de que el juez precise el grado de participación del quejoso».
A partir de este recurso que presentó el elemento de seguridad, otros 14 policías ya presentaron el mismo recurso para evitar ser juzgados por el delito de homicidio, por lo que se encuentran en espera de la notificación del juez.
Los padres de familia solicitaron una reunión con los ministros y el presidente de la Corte para que los jueces de Iguala que llevan el caso analicen las pruebas presentadas con parcialidad e independencia para evitar que el caso quede impune.
“Nosotros consideramos que esto es inaudito, que no pueden ser estas circunstancias porque hay elementos suficientes para dictar los autos de formal prisión en contra de los policías preventivos, tanto de Iguala como de Cocula”, informó el abogado Vidulfo Rosales.
El féretro
Un féretro se veía frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Era el de Julio César Mondragón, el estudiante normalista desollado, a quien se le quitó el rostro y sobre cuyo caso las autoridades llegaron a plantear que detrás de semejante acción estaban animales salvajes.
El féretro tenía flores alrededor, un retrato de Julio César, cuya esposa quedó viuda y su pequeña hija huérfana; su historia no levantó tanto interés como de los desaparecidos, pero también se trató de una víctima de aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en que normalistas de Ayotzinapa fueron atacados por elementos policíacos e integrantes de la delincuencia organizada.
Sus familiares buscan que se aclare la verdad, y se le haga una prueba de ADN, la cual está pendiente desde hace dos meses, cuando sus restos fueron exhumados. Pero también buscan que los restos del estudiante a quien apodaban El Chilango, sean enterrados nuevamente, pero con la certeza de qué pasó con él aquella noche.
Los asistentes a la marcha y que llegaron hasta la SCJN se acercaban respetuosamente al féretro, los fotógrafos tomaban imágenes, mientras los familiares de los padres reiteraban, con la misma fuerza que la del primer mes, su exigencia de justicia.
Explicaron que asistieron a la SCJN para pedir al máximo tribunal del país que revise por qué se ha dado trámite a la revisión de amparos solicitados por policías detenidos por los sucesos de aquella noche.
Los padres fueron claros: no responsabilizan de eso a la SCJN, pero no quieren ver sueltos a los policías que presuntamente estuvieron involucrados en la desaparición de sus hijos.