Piden diputados del PRD erradicar autogobiernos y corrupción en cárceles

CIUDAD de MÉXICO., 21 de abril de 2016.- Frente al cínico reconocimiento de las autoridades de que las cárceles son controladas por la delincuencia organizada, el diputado Omar Ortega Álvarez pidió a los gobiernos federal y estatales informar qué hacen para prevenir y corregir la corrupción, extorsión, violencia y violaciones a Derechos Humanos en esos sitios.

Con base en el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los recientes sucesos en Topo Chico, Nuevo León, y Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante un comunicado, el legislador señaló  a la corrupción institucional como la responsable de hacer posibles estos autogobiernos ilegales.

Particularmente los sucesos de principios de año en Nuevo León y Tamaulipas –dijo- pusieron de relieve la incapacidad del Estado para garantizar los derechos de acceso a la justicia y a la reinserción social, así como a la vida, seguridad e integridad de los internos.

“Ambos casos demostraron un problema estructural y sistemático de los centros penitenciarios de México: la ingobernabilidad y la corrupción institucional, lo que genera las condiciones para la imposición de un autogobierno al margen de la ley, solapado por las autoridades penitenciarias y gubernamentales”, puntualizó.

Por su parte, el diputado perredista Felipe Reyes Álvarez, señaló que el diagnóstico de la CNDH, confirmó que la corrupción, sumada al de abuso de la prisión preventiva, así como al de hacinamiento en las cárceles, ha dado como resultado el “autogobierno” por parte de la delincuencia organizada y la violación sistemática a los Derechos Humanos en esos lugares.

Así, por ejemplo, de los 130 visitados por la CNDH, en 104 hay personas sin condena pero conviviendo en las mismas habitaciones y espacios que los condenados. El hacinamiento resultante de ello se refleja en que en un cuarto diseñado para cuatro personas, llegan a dormir hasta 30.

Los diputados perredistas agregaron que todo esto ha pervertido la esencia de los principios constitucionales de justicia pronta y expedita, de debido proceso y de reinserción social, y de respeto a los Derechos Humanos.

A través de una propuesta de Punto de Acuerdo pidieron a la Cámara de Diputados intervenir en la solución de esta problemática y en principio exhortar a los gobernadores, lo mismo que a sus secretarios de Gobernación y Seguridad Pública, informar qué hacen para prevenir y corregir las violaciones a Derechos Humanos en sus cárceles.

A la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública propusieron exhortarles a que también informen qué hacen para detener y prevenir la corrupción, extorsión y violencia en las prisiones, y qué para la reinserción social de los internos