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CIUDAD DE MÉXICO, 22 de febrero de 2016.- El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, pidió al Senado de la República profundizar en Ley General Anticorrupción sobre conflicto de interés, ya que dijo, es necesario establecer los alcances de los precedentes de la relación y la forma en que se ha materializado la relación privada.
“Los temas conflicto de interés que tiene elementos de violación administrativa cuando la relación personal del servidor público rompe con el principio de imparcialidad, pero hoy se cuestiona si este concepto es suficiente para las necesidades detectadas”, replicó el funcionario federal.
Al participar en los Foros en materia anticorrupción, a los que convocan las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara Alta, Andrade Martínez acotó que es necesario precisar con qué tipo de operaciones se dio y el nivel de los funcionarios involucrados, para establecer parámetros de conflicto de interés.
Así como dotar de procedimiento de investigación para que se detecten redes y faltas individuales que cooptan el hilo de seguimiento de origen de la corrupción y trabajar en torno a los procesamientos relacionados con los juicios por actos de corrupción y análisis de las pruebas.
Por su parte, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, señaló que el nuevo sistema de fiscalización se debe ser reconocido en la Ley General Anticorrupción, considerando la importancia de la autonomía en el órgano de fiscalización público, así como asegurar que las nuevas facultades constitucionales de la Auditoría no se conviertan en mecanismos de orden político.
“La Auditoría Superior de la Federación con las nuevas facultades no debe ser vista como una instancia de investigación judicial sino reservar su valor como órgano fiscalizador federal”, replicó Portal Martínez.
El objetivo de estos foros es proceder a la dictaminación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, las cuales deben quedar listas antes del 28 mayo de 2016, sin embargo, no podrá entrar en vigor sino hasta que se apruebe la legislación secundaria, dictamen que se procesa en comisiones del Senado.
La Ley General pendiente deberá regular la organización y nuevas facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y distribuirá competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, obligaciones y sanciones por actos u omisiones en que éstos incurran.