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MÉXICO, DF, 4 de noviembre de 2014.- La asociación civil Taxistas Organizados de la Ciudad de México exigió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), incrementar las penas de seis a 10 años de prisión sin derecho a fianza y multa de mil días de salario para quienes ejerzan, promuevan o consientan el transporte ilegal de pasajeros, incluidos los funcionarios públicos.
Durante su manifestación a las afueras del recinto legislativo, pidió al Gobierno del Distrito Federal (GDF) aplicar las leyes vigentes y sancionar a los cerca de 50 mil vehículos piratas que transportan pasajeros en la capital del país sin contar con una concesión.
Ignacio Rodríguez, vocero de la organización, denunció en conferencia que el secretario de Movilidad capitalino, Rufino H. León, con los dueños de las empresas Cabify y Uber forman parte de la simulación gubernamental para beneficiar a quienes prestan el servicio de transporte de pasajeros de forma ilegal, por lo que pidieron al titular de la Semovi que no se regularice a los servicios privados.
“No queremos que los regularicen. Insertar dichos servicios en un esquema de regularización, parecido al taxi preferente, en lugar de combatir de raíz el uso de un servicio ilegal, lo que hace es generar la posibilidad de manera abierta de legalizar lo ilegal. Eso es entrar a un barril sin fondo”, denunció.
En caso de hacerlo, sólo beneficiarán a los grupos piratas y clientelares e inflarán aún más el parque vehicular con 140 mil unidades concesionadas y 50 mil ilegales, previó.
Acompañado por los líderes Rubén Alcántara, Fidel Arroyo y Daniel Medina, solicitaron un encuentro con el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados, a fin de exigir la creación de una iniciativa para desaparecer de forma definitiva el pirataje e incluir en el nuevo reglamento la creación del anexo de delitos con penas de seis a 10 años de prisión sin derecho a fianza, además de multas hasta por mil días de salario mínimo a quién preste el servicio de manera ilegal, incluso funcionarios que de manera irresponsable promueven y patrocinen la actividad ilegal.
“De qué sirve que tengamos leyes, que tengamos reglamentos, si a la hora de la práctica ninguna se aplica para beneficio de la sociedad o de quienes deberían ser sujetos de amparo por las propias leyes, sino por el contrario, se utilizan generalmente en contra, o bien, terminan siendo letra muerta”, dijo Rodríguez.
Los taxistas llegaron a las 10:30 horas a la esquina de Allende y Donceles, donde debieron compartir espacio con los cirqueros y los del Partido Verde que también se apostaron frente a la ALDF, para protestar en contra y a favor de la prohibición de usar animales en el circo, respectivamente.