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CIUDAD DE MÉXICO, 9 de mayo de 2016.- Al redactar la Carta Magna de la Ciudad de México, uno de los asuntos más relevantes será plantear un gobierno de alcaldías, pues esto implica no sólo rediseñar la administración pública, sino las formas de regir y vincularse con la sociedad, coincidieron Salvador Valencia Carmona, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, y el senador Alejandro Encinas.
Al participar en el Foro Ciudad de México. Aportes al Proceso de Elaboración de su Constitución, coorganizado por el IIJ (sede del evento), el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Valencia Carmona aseveró que la mayor innovación será determinar cómo distribuir las competencias entre el titular del Ejecutivo local y las alcaldías.
Un primer criterio es tomar los artículos 115, 116 y 124, y hacer un análisis riguroso a fin de delimitar qué es lo vecinal y qué lo metropolitano; eso servirá para saber qué facultades deben tener los depositarios de los cargos referidos, abundó también coordinador del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la FES Acatlán.
Guiados por los principios de democracia y eficacia, debemos ver qué servicios deben prestar las alcaldías y cuáles deben residir en el órgano llamado jefe de Gobierno, aseguró el académico.
También es preciso ponderar, desde el derecho comparado, cómo se ha trabajado esto en otras metrópolis, porque los problemas que enfrenta nuestra capital no son exclusivos de México, resaltó Valencia Carmona en la Mesa 1 Competencias, organización y actuación de las alcaldías.
En su oportunidad, Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del Grupo Redactor de la Constitución de la CDMX, sostuvo que la elaboración de esta ley fundamental se ha empeñado en recoger las necesidades, intereses y valores de la gente, así como en crear un documento más breve, escueto y, sobre todo, garantista.
Alejandro Encinas, también presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, señaló que si bien en un inicio la discusión se centró en los derechos ya conquistados en la urbe, ahora uno de los puntos centrales será definir los mecanismos para dotar a la gente de voz en asuntos públicos y cómo se traducirá esto en el vínculo gobierno-ciudadanos.
Ello repercutirá en el país y será el preámbulo a una reforma del régimen municipal. Lo primero a definir son las responsabilidades de alcaldes y concejales para establecer las formas de control político a las cuales deberán sujetarse estos personajes, así como la manera de convertir la participación popular en un medio de control político, más allá de lo establecido por la ALDF.
En la redacción habrán de resolverse grandes temas, como entender que las alcaldías son órganos político-administrativos que deben tener un rediseño institucional distinto al señalado en el marco jurídico nacional, consideró.