Preocupa cerrazón de PGR, Sedena y Edomex por caso Tlatlaya

MÉXICO, DF, 22 de enero de 2015.- Con más preguntas que respuestas, la coordinadora del Grupo de Trabajo plural de diputados que coadyuvan en las investigaciones del caso Tlatlaya, Elena Tapia Fonllem, manifestó su preocupación ante la cerrazón de la PGR, Sedena y el Gobierno del Estado de México para esclarecer los hechos, pese a que el IFAI y la CNDH dieron la pauta de transparencia.

Hasta el momento las tres autoridades han decidido reservar la información sobre el caso ante las solicitudes ciudadanas y de los mismos legisladores federales del grupo, desacatando la resolución del Pleno del IFAI de elaborar versiones públicas de los documentos y proporcionar datos sobre la cadena de mando de la 22 Zona Militar.

Aunque el Poder Legislativo tiene facultades para solicitar información detallada a las procuradurías y gobiernos estatales, PGR, Sedena y Estado de México han desdeñado los exhortos a colaborar más ampliamente con los diputados.

En conferencia de prensa, la perredista Tapia Fonllem reiteró el llamado al gobernador priista Eruviel Ávila Villegas a sostener una reunión para esclarecer varios aspectos del caso, mismas que anteriormente ha desatendido.

En un informe preliminar con elementos no conclusivos se presentaron avances con más dudas que respuestas bajo el argumento que no se ha recibido la información de las autoridades, por ende la alteración de la escena del crimen y encubriendo del caso dificultan la búsqueda de la verdad.

Con relación a la línea de investigación, los diputados desconocen detalles sobre la cadena de mando.

“Quién mandó a ese operativo, cuál era el objetivo, qué hacía el Ejército ahí, quién lo mando, qué andaba persiguiendo, por qué no cumplieron con las reglas del protocolo del Uso de la Fuerza”, replicó la diputada Elena Tapia a Quadratín México.

Refutó que aunque la hipótesis, junto con datos aislados e implícitos, fuese que las 22 personas muertas estuvieran involucradas en el crimen organizado, “el Ejército no puede tomar en sus manos la aplicación de la justicia, ejecutar o asesinar a las personas”.

Por consenso de todos los grupos parlamentarios, se exhortó al Gobierno del Estado de México a esclarecer si turnó la investigación de las dos mujeres, actualmente libres, a la PGR como un medio de intimidación para evitar que se revelara la verdad complementaria a la tortura.

Aclarar por qué la Procuraduría General de Justicia del Edomex ha puesto de pretexto que sus peritajes fueron apresurados, si la PGR atrajo el caso hasta el 23 de septiembre.

Detallar qué funcionarios están bajo procesos administrativos o penales, y si actuaron bajo acuerdo con militares o funcionarios de alto nivel del estado.

Finalmente, definir cuál versión de los hechos dará por buena para sancionar el encubrimiento: a) la ejecución extrajudicial de hasta 15 personas, versión de la CNDH; b) que todos fueron legítimamente asesinados en un enfrentamiento, como en un principio sostuvo el gobernador Eruviel Ávila tras ocurrir los hechos; o c) que sólo ocho personas fueron privadas arbitrariamente de la vida, como lo maneja la PGR.

De no ser por la intervención del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y las publicaciones en los medios de comunicación, como la revista Esquire y Associated Press, el gobierno de Eruviel Ávila seguiría afirmando que las 22 víctimas murieron durante un enfrentamiento con elementos del Ejército en el municipio mexiquense.