Arrecia el frío en CDMX; activan alertas en 5 alcaldías para este lunes
MÉXICO, DF, 23 de septiembre de 2014.- Las universidades públicas autónomas no son «adalides de la transparencia», señaló la ex comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Jacqueline Peschard, toda vez que se reservan información a pesar de contar con normatividad en la materia.
Al participar en el coloquio sobre autonomía universitaria en México, dijo que en la UNAM «hay mucho por dónde transitar» en materia de transparencia si bien «existe una intención clara» de alinear su reglamento con la Ley de Transparencia, pues no difunde las actas de los órganos colegiados, ni del Tribunal Universitario; tampoco las solicitudes de información ni las respuestas correspondientes.
«Es preocupante que en la página del Consejo de Transparencia de la UNAM no haya más información que su directorio», advirtió.
Apuntó que los convenios de colaboración no corren la misma suerte que los contratos, pues de éstos últimos se ofrecen detalles incluidos el monto, proveedores, plazos de cumplimiento y empresas sancionadas por incumplimiento, mientras que en el caso de los convenios, el Reglamento universitario en la materia señala que la obligación consiste únicamente en dar una relación de los mismos.
La catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM participó en la mesa titulada Autonomía: Diversificación institucional, cambio político y transparencia, en el marco del coloquio que se celebra desde ayer y concluirá este miércoles.
En su exposición, la ex funcionaria señaló que los estudios que han analizado las normas de transparencia de las universidades públicas autónomas“revela que la libertad que tienen para redactar sus propios reglamentos no ha derivado ya no digamos en convertirlas en líderes de la transparencia sino en el apego estricto a los principios constitucionales esenciales como el de máxima publicidad”.
De acuerdo con un estudio del IFAI de este año (el cual registra a 41 instituciones de educación superior públicas estatales, 26 de las cuales se regulan por su propia normatividad en materia de transparencia y las 15 restantes por lo dispuesto en la ley respectiva), más de la mitad no contempla en sus reglamentos el principio de máxima publicidad, es decir, poner a disposición del público la información sin necesidad de que éste la solicite.
Además, según el estudio citado, 61.5 por ciento no define plazos para actualizar sus obligaciones de transparencia y 50 por ciento no contempla la obligación de transparentar el contrato colectivo de trabajo.