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MÉXICO DF, 18 de noviembre de 2014.- El presidente del PRD, Carlos Navarrete presentó el Protocolo para fortalecer la legalidad y ética política que buscará filtrar mediante medidas de prevención, rendición de cuentas, transparencia y control ciudadano a los candidatos para los distintos cargos de elección popular en 2015.
Esto luego, que asegurara que al llegar al poder el partido se desentendió de sus candidatos, de su desempeño y no evaluaron sus resultados, además de que ante alertas de incidentes delictivos no actuaron a tiempo.
«Congruentemente el PRD asume la responsabilidad de enfrentar su propia crisis generada por acciones y omisiones de nuestros activos partidarios; por ello el PRD ha decidido tomar fuertes medidas para recuperar la credibilidad y enviar un claro mensaje a la sociedad», expuso el dirigente del sol azteca.
Entre las medidas prevén entregar la totalidad de recursos electorales de 2015 al Instituto Nacional Electoral (INE) para su administración con rendición de cuentas inmediatas, acuerdo a través del cual se prevé que todos los gastos de campaña electoral, ya sea federal o estatal, conforme a las instrucciones que al efecto den los órganos de finanzas del PRD.
Asimismo, pondrán en marcha un sistema electrónico de transparencia y rendición de cuentas de control de candidatos y precandidatos a puestos de elección popular, a fin de verificar su reputación social y política.
«Los datos que los ciudadanos aporten a través del sistema serán utilizados para determinar la postulación o no de una persona a un cargo de elección popular, previa garantía de legalidad y audiencia», acotó Navarrete Ruiz.
Además, se comprometieron a entregar toda la información de que tengan conocimiento en la que se presuma la existencia de conductas delincuenciales a las instancias federales de lucha contra la delincuencia organizada.
En este sentido, Navarrete aseguró que no serán candidatos a cargos de elección popular aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con el crimen organizado o de índole financiero.
Aplicarán también una política de cero tolerancia desde dirigentes nacionales, servidores públicos, gobernadores y legisladores afiliados o no al partido que desempeñen algún cargo bajo la función del partido, quienes en caso de estar relacionados con conductas delictivas se les exigirá su presentación inmediata ante las autoridades para que declaren sobre los hechos que se les imputen.
En caso de que el involucrado se negara a ponerse a disposición de las instancias ministeriales o juridiccionales se abrirá un procedimiento precautorio en su contra mediante suspensión de derechos partidarios.
Finalmente, el dirigente nacional puntualizó que establecerán adicionalmente un Sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas donde se expondrán toda la información financiera y patrimonial de los integrantes de los órganos directivos, comités estatales, órganos autónomos, entre otros y dicha información será entregada ante el órgano de fiscalización del INE y ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.