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CIUDAD DE MÉXICO, 1 de marzo de 2016.- Los Grupos Parlamentarios del PRD y Partido Verde en el Senado de la República, presentaron al Pleno de la Cámara Alta sus propuesta de iniciativa en materia de combate a la corrupción.
En la propuesta del PRD, se considera implementar mecanismos para prevenir y sancionar a la corrupción y sanciones a servidores públicos que incurran en actos de corrupción que van desde el resarcimiento a favor de la Hacienda Pública Nacional y hasta inhabilitación hasta por treinta años para desempeñar puestos en servicio público.
Además la iniciativa del sol azteca propone expedir las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos y de particulares, y de Fiscalización y Rendición de Cuentas; la Ley Orgánica del Tribunal Federal del Justicia Administrativa; y una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
“Las faltas administrativas serán sancionadas por los órganos internos de control; las faltas graves, como los ‘moches’ y el tráfico de influencias, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al cual dotamos, en la propia propuesta, de una ley orgánica, que le provee de herramientas para ejercer cabalmente sus funciones”, precisó el coordinador del PRD, Miguel Barbosa Huerta al presentar su propuesta.
Por su parte, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, presentó su propuesta de Ley General del Sistema Anticorrupción, con dos pilares: la coordinación entre todas las entidades y organismos encargados de llevar la fiscalización o la procuración de la justicia y la información.
Además Escudero Morales, incluye el sistema de fiscalización, que estará dentro del Sistema de Combate a la Corrupción, como un mecanismo de coordinación, informes anuales, recomendaciones, procesos y homologación de estructuras de revisión de estos procesos para que se puedan hacer revisiones homologadas, para que se puedan poner de acuerdo todas las autoridades involucradas.
Finalmente explicó que su iniciativa incluye un registro patrimonial especial, para aquellos servidores públicos que tienen contacto con las contrataciones, licitaciones, otorgamientos de permisos o de concesiones.
“Queremos que ellos estén en un apartado diferente, no queremos que estén en el universo de las declaraciones patrimoniales donde se pierden con tantos y tantos millones de servidores públicos”, puntualizó el senador del Partido Verde.
Ambas iniciativas fueron turnadas a comisiones para su dictaminación y posterior aprobación en el Pleno del Senado.