Presentan diputados del PRD demanda de juicio político contra Duarte

MÉXICO, DF, 18 de agosto de 2015.- Con fundamento en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los perredistas Miguel Alonso Raya y Fernando Belaunzarán Méndez presentaron ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por los asesinatos de 14 periodistas en esa entidad.

Los diputados del PRD entregaron al secretario general del Congreso de San Lázaro, Mauricio Farah Gebara, el escrito inicial de demanda de juicio político por considerar que el mandatario estatal del PRI, Javier Duarte, violó derechos y leyes federales sobre protección a periodistas.

En conferencia de prensa desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador de la fracción del sol azteca, Alonso Raya, y el integrante de la bancada, Belaunzarán Méndez, urgieron a los diputados de la próxima 63 Legislatura atender dicha demanda en beneficio y protección de los comunicadores.

En documento señala que de 2010 —año en que Javier Duarte de Ochoa asumió el cargo de gobernador— a la fecha se han documentado por la prensa y por organizaciones independientes defensoras de los derechos humanos 140 agresiones a periodistas en la entidad, incluidas 53 agresiones físicas.

Agrega que se han documentado 21 detenciones arbitrarias; 18 amenazas; 15 actos de intimidación o presión; seis desplazamientos forzados; cuatro desapariciones; tres secuestros; catorce homicidios y/o asesinatos en la entidad; y dos homicidios y/o asesinatos más de corresponsales de un diario veracruzano que se realizaron en la frontera entre el estado de Veracruz y Oaxaca.

Los diputados lamentaron que la mayoría de estos casos no se han investigado con base en procedimientos ministeriales, periciales ni policiales que den certeza a las familias de las víctimas ni a las organizaciones de derechos humanos que las representan ni mucho menos se ha logrado que el Poder Judicial sancione a los responsables con la efectividad, profundidad y dedicación que ameritan.

“Nos preocupa a los que suscribimos y apoyamos esta demanda de juicio político que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Procuraduría General de la República, no haya citado a declarar hasta la fecha al gobernador Javier Duarte, con motivo de todos y cada uno de los asesinatos, secuestros, agresiones y amenazas que se han cometido en contra de los periodistas y comunicadores que realizan su labor periodística en Veracruz”, manifestaron los perredistas.

En la demanda se destaca que las investigaciones que han sido aportadas por notas periodísticas de los diarios de amplia circulación nacional, por periodistas, analistas y las portales electrónicos, confirman los asesinatos y las desapariciones hasta hoy documentadas en Veracruz, hasta la fecha cuentan con total impunidad.

Se hace el recuento de los periodistas asesinados en la entidad veracruzana:

1) Noel López Olguín, reportero de Noticias de Acayucan, marzo 2011.

2) Miguel Ángel López Velasco, columnista de Notiver, junio 2011.

3) Misael López Solana, fotógrafo de Notiver, junio 2011.

4) Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera de Notiver, julio 2011.

5) Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso, abril 2012.

6) Gabriel Huge Córdova, fotógrafo de Notiver, mayo 2012.

7) Guillermo Luna Varela, fotógrafo de Veracruznews, mayo 2012.

8) Esteban Rodríguez, fotógrafo de AZ, mayo 2012.

9) Víctor Manuel Báez, editor de Reporteros Policíacos, junio 2012.

10) Gregorio Jiménez de la Cruz, fotógrafo de Notisur, febrero 2014.

11) Moisés Sánchez, director de La Unión, enero 2015.

12) Armando Saldaña, locutor de La Ke Buena, mayo 2015.

13) Juan Mendoza Delgado, director de Escribiendo La Verdad, julio 2015.

14) Rubén Espinosa, fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro, julio 2015.

15) Juan Heriberto Santos Carrera, ex reportero de Televisa, agosto 2015.

De los casos de agresiones y asesinatos documentados por la organización Artículo 19, 10 presentan huellas de tortura, cinco fueron desmembrados o decapitados, seis de los asesinatos fueron homicidios múltiples y al menos en tres de ellos se denunciaron amenazas de un servidor público antes de su muerte.

Con respecto a las investigaciones, 11 continúan abiertas, siete de los casos han sido vinculados al crimen organizado, en cuatro casos las autoridades han criminalizado a las víctimas o han manejado la versión del robo y crimen pasional y solo en cinco se han realizado detenciones de “personas sospechosas” o “asesinos confesos”.