Presenta Magdalena Contreras protocolo contra violencia de género
MÉXICO, DF, 12 de noviembre de 2014.- Los asambleístas Vidal Llerenas y Esthela Damián, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron una iniciativa para descriminalizar el consumo de mariguana y permitir la portación de hasta 30 gramos por consumidor.
En compañía del investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Madrazo, los legisladores presentaron la iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal.
Entre los objetivos de la propuesta está dejar de perseguir penalmente a las personas usuarias de cannabis para poder priorizar los esfuerzos de las autoridades en la persecución de otros delitos.
“Con ello también se podrá contribuir a despresurizar el sistema penitenciario, el sistema penal y de impartición de justicia”, de acuerdo con el documento.
La propuesta de iniciativa contempla que los delitos contra la salud deben ser de más baja prioridad en el consumo.
Para ello deben reunir las siguientes condicionantes: que se realicen las conductas conforme a una estricta separación de mercados, es decir se hagan en exclusiva con una sola substancia; que no se suministre, venda, comercialice, consuma o provea otra substancia psicoactiva en el lugar o en las inmediaciones del lugar en que tenga lugar la conducta, y que la conducta no se haga en instituciones educativas, y cuando la portación de droga sea inferior o hasta 30 gramos.
La iniciativa deja en claro los supuestos en los que la investigación y persecución pasarán a alta prioridad.
Cuando se cometan con violencia física; por una o más personas armadas; utilizando a una o más personas menores de edad o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o en situaciones donde la víctima fuere menor de edad o incapacitada para comprender la relevancia de la conducta, o para resistir al agente.
En el Transitorio Quinto de la iniciativa se propone que en un lapso no mayor a 180 días después de la publicación del decreto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberá adoptar un programa para la Preliberación de las personas que se encuentren recluidas en el sistema penitenciario del DF de competencia local, sentenciadas o acusadas por delitos que, conforme a esta Ley, se categorizarían de la más baja prioridad.
La iniciativa ya no propone legalizar el consumo de la mariguana, como sí lo hacía otro documento presentado desde mediados del año 2013 por ambos legisladores y el presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados.
La reciente iniciativa presentada, busca garantizar el derecho a la información de los consumidores respecto a las diferentes sustancias y las posibles consecuencias de su consumo, así como de los mecanismos de reducción de riesgos y daños existentes.
En la exposición de motivos, los legisladores expusieron que en el combate al narcotráfico, iniciado por la administración federal anterior, ha predominado la violencia.
“El Distrito Federal, que ha mantenido índices relativamente estables de violencia, debe actuar antes de que lo que ha sucedido en otras entidades y localidades esté en riesgo de ocurrir aquí”, se lee en el documento.
Se señala que las muertes violentas por combate al narcotráfico entre enero de 2006 y septiembre de 2011 fueron 47 mil 338 muertes, en tanto que las muertes relacionadas con drogas ilícitas en el mismo periodo no rebasaron las 2 mil.
“Estos números nos indican que es mucho menor el problema de muertes relacionadas directamente al consumo de drogas que el de la violencia asociada al narcotráfico y a la delincuencia organizada”.
Otro motivo expuesto es que de acuerdo con datos del CIDE, al año 2012 el 60.2 por ciento de la población recluida en centros penitenciarios federales estaba allí por delitos contra la salud, y de estos el 38.5 por cientos estaban ahí por mera posesión, y de los sentenciados por delitos contra la salud, 58.7 lo habían sido por delitos relacionados con la mariguana.
“Estos datos son un indicio claro de que los delitos contra la salud, especialmente la posesión y aquellos relacionados con la cannabis, ocupan desproporcionadamente los recursos humanos y materiales del gobierno, a tal punto que marginan la persecución de aquellos delitos más gravosos y sobre todo, más violentos”, según la exposición de motivos.