Presidencialismo fuerte, ciudadanía mínima, con Peña Nieto

MÉXICO, DF, 2 de septiembre de 2014. Desde su llegada al poder, Enrique Peña Nieto “ha puesto en evidencia que quiere un sistema centralizado con un presidente fuerte y una ciudadanía mínima”, mientras que la oposición “ha jugado un papel de comparsa”, sostuvo Helena Varela, directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana (UIA).

«Si observamos los procesos de aprobación de las leyes en los últimos meses, podremos percatarnos de que el titular del Ejecutivo decide qué se legisla, cómo se legisla y cuándo se legisla.  A ello hay que sumar los espacios en donde el gobierno federal adquiere un papel protagónico a la hora de implementar las diferentes reformas (por ejemplo, en materia energética o en la de telecomunicaciones), dejando una cierta sensación de que volvemos a los viejos tiempos del hiperpresidencialismo», afirmó a propósito de la presentación del Segundo Informe de Gobierno.

En un análisis académico realizado por varios investigadores de esa casa de estudios, se señala que más allá de cifras optimistas la administración peñista tiene por delante varios desafíos por superar en materia de seguridad, derechos humanos y educación, por mencionar algunos.

Para Varela, doctora en Ciencia Política, Sociología y Antropología Social por la Universidad de Madrid, a favor del presidente juega el hecho de que, a diferencia de sexenios anteriores, se han logrado reformas en sectores clave de la economía y la sociedad.

“A la reforma educativa con la que se inició su mandato se sumaron, entre otras, las reformas en telecomunicaciones, energética, política y fiscal; y para rematar con un tema muy sensible en nuestro país, se pone en marcha el proyecto de la Gendarmería Nacional, con la que se pretende hacer frente al crimen organizado”.

La señal que el Ejecutivo desea implantar en los ciudadanos “es que tenemos un presidente con iniciativa y liderazgo, capaz de ‘mover a México’”.

Sin embargo, advirtió, lo que no se va a decir en el Informe de Gobierno, ni con la avalancha de cifras, es todo aquello en lo que no hemos logrado avanzar e incluso hay un retroceso.
“La reducción de las expectativas de crecimiento económico o el hecho de que la violencia aún es una constante en nuestra sociedad son temas que, en el mejor de los casos, quedarán en los planes futuros del presidente”, señaló.
Por último, añadió, no debemos olvidar que nuestro problema no se relaciona con una falta de reglas, sino con su cumplimiento. “No tenemos los mecanismos claros para hacer que las reglas se acaten, ni para castigar a quienes no lo hagan. Y en esto particularmente, no hemos avanzado nada en el actual sexenio2.
Por su parte, Sandra Salcedo y José Antonio Ibáñez, investigadores del Programa de Derechos Humanos, advirtieron que los mexicanos desaparecidos son otro pendiente a dos años de gobierno, periodo en el cual suman casi 10 mil personas en esa condición.

El doctor Ibáñez subrayó que según datos de la propia PGR, 40 por ciento de los casos denunciados de desaparición no cuentan con una sola acción de investigación.
Ambos investigadores coincidieron en la urgencia de que se deje de criminalizar o difamar a las personas desaparecidas, pues con ello el gobierno intenta justificar, legitimar y invisibilizar las desapariciones o etiquetarlas como “daños colaterales”, justificando prácticas que ninguna autoridad debería permitir aun cuando los desaparecidos sean criminales.
Sandra Salcedo retomó la recomendación de que se creen unidades especializadas de búsqueda, se generen bancos de datos de los cuerpos no reconocidos, se impulsen los protocolos de levantamiento e identificación de cadáveres, y que la información recabada se comparta con Centroamérica.
En tanto, en materia de educación, a pesar de la reforma educativa, “todo indica que varios asuntos fundamentales que requieren atención desde hace décadas quedarán abandonados de nueva cuenta, tales como las necesarias modificaciones a planes y programas de estudio; la revisión y corrección de materiales y libros editados por la Secretaría de Educación Pública, o el desarrollo y fortalecimiento de programas para grupos marginados”, consideró  Diego Juárez Bolaños, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (Inide).

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