Enfrenta Culiacán incertidumbre ante 3 meses de violencia
MÉXICO, DF., 4 de enero 2016.- Con la ejecución del Programa Integral Frontera Sur (PIFS) se incrementaron las deportaciones en 29 mil 804 al pasar de 77 mil 395 migrantes centroamericanos retornados a sus países de origen en 2013 a 107 mil 199 en 2014, entre guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, reveló el informe Migrantes invisibles, Violencia tangible, dado a conocer por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes.
Además, el reporte Un camino incierto. Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiados en México, dio a conocer que desde la entrada en vigor del programa del Gobierno federal, el número de operativos y verificación migratoria se incrementó de manera significativa en 73 por ciento, entre 2013 y 2014, al pasar de 16 mil 182 a 27 mil 992, propiciando “mayores violaciones sobre derechos humanos”.
Las instituciones que cometieron más violaciones, principalmente a la propiedad privada de los migrantes, son: Policía Federal, 41 por ciento; policía municipal, 24 por ciento; grupo policiaco indeterminado, 14 por ciento; policía estatal, 12 por ciento; agentes del Instituto Nacional de Migración, seis por ciento; Ejército, uno por ciento; y entre policía judicial, Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial y la Marina, concentran el 2 por ciento restante.
La diputada del PRD, Maricela Contreras Julián, impulsa un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para solicitar a la Secretaría de Gobernación hacer públicos los instrumentos y mecanismos mediante los cuales continuarán las acciones y objetivos del Programa Integral Frontera Sur para atender el fenómeno migratorio, debido a los resultados negativos e incremento a las violaciones a derechos humanos.
“Es fundamental que la Segob difunda el destino que tendrá y las acciones por implantar para atender el fenómeno migratorio que garantice el pleno respeto de los derechos humanos”, consideró Contreras Julián.
El reporte analizado por la Comisión de Gobernación destaca entre los principales delitos y violaciones cometidos por autoridades mexicanas en contra de migrantes centroamericanos los vinculados con robos o ataques a los derechos de propiedad privada con 76 por ciento, violaciones a la integridad física con 17 por ciento y a la libertad personal 7 por ciento.
La legisladora integrante de la Comisión de Derechos Humanos señaló que la nueva configuración del presupuesto pone en duda el futuro de dicho programa, lo cual crea incertidumbre sobre las acciones que debe llevar a cabo el gobierno para atender el fenómeno de los migrantes con una clara vocación de respeto a sus derechos y de no represión.
En la estructura programática presentada dentro de la política presupuestal base cero, propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 2016, se fusionaron dos de las tres unidades administrativas en materia de migración en el programa presupuestario denominado E008 Política y Servicios Migratorios, pertenecientes a la Secretaría de Gobernación, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur y el Instituto Nacional de Migración.
La perredista indicó que el Centro de Análisis e Investigación AC apuntó que esa situación puede representar un retroceso en la atención a los migrantes, pues la estructura programática presentada, lejos de garantizar que se cumpla lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo respecto a la protección de estas personas, vulnera el goce pleno de sus derechos humanos.
Entre las metas del PIFS se encontraba focalizar acciones y programas de la frontera sur con 23 municipios limítrofes con Guatemala y Belice, a través de monitoreo, uso de nuevas tecnologías, patrullajes y mantenimiento de las vías; rehabilitación de espacios públicos; acciones contra el crimen para combatir el tráfico y la trata de personas.
También el fortalecimiento de las fiscalías para la atención de los migrantes; alojamiento, alimentación y atención médica primaria en el marco del programa de retorno asistido, entre otras, sin embargo su aplicación no ha dado los resultados esperados.