Propiciar bienestar de adultos mayores garantiza sus derechos: expertos

MÉXICO, DF, 21 de septiembre de 2015.- Es necesario propiciar las condiciones para un mayor bienestar físico y mental de las Personas Adultas Mayores (PAM), que garantice el pleno ejercicio de sus derechos y la igualdad de oportunidades, así como promover la solidaridad y la participación ciudadana, coincidieron en señalar Sergio Salvador Valdés y Rojas, Adelina González Marín, Elizabeth Caro, Bárbara Bernés Fentanes y Oscar Martínez Martínez, participantes en el panel Personas Adultas Mayores: Vulnerabilidad y Ejercicio de Derechos, informó la CNDH a través de un comunicado.

En el marco del ciclo Argumentando los derechos humanos, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de su Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH), los especialistas subrayaron que en México el ejercicio laboral es uno de los principales factores de exclusión contra las PAM. Se trata de un elemento estructurante de la vida, de la integración y del conjunto de relaciones sociales; la vida personal y social, sus tiempos y sus ámbitos, están, en gran medida, condicionados por el trabajo.

En el auditorio del CENADEH, ante investigadores, académicos, estudiantes y público en general, Valdés y Rojas, Director de Atención Geriátrica del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), manifestó que la protección de los derechos de las personas mayores en situación de vulnerabilidad son responsabilidad social y garantía de la protección de los derechos del resto de las personas.

Para que este grupo vulnerable haga valer sus derechos –dijo— es necesaria la creación de entornos propicios para su desarrollo, traducido en ciudades amigables, ya que éstas alientan el envejecimiento activo mediante la optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad.

Por su parte, Adelina González Marín, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., destacó que las proyecciones del Consejo Nacional de Población muestran que en México el número de adultos mayores aumenta más respecto de las personas en edad laboral, lo que supone una estructura de población envejecida; las cifras señalan que en 2005 había 8.3 personas en edad productiva por cada persona mayor, en 2030 habrá 3.7, y para 2050 serán sólo dos personas económicamente activas por cada PAM.

Ante condiciones de segregación, maltrato, discriminación, rezago y rechazo que enfrentan los adultos mayores, se pronunció por revisar las políticas y los programas gubernamentales para implementar en ellos el enfoque de derechos humanos, tomando en cuenta los estándares internacionales y el Artículo Primero de nuestra Constitución.

Bárbara Bernés, Subdirectora de Concertación y Promoción del INAPAM, indicó que el modelo de inclusión social, a través de un servicio de vinculación productiva que se desarrolla en el INAPAM, busca promover empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso a las PAM, conforme a su oficio, habilidad o profesión, así como contribuir a mejorar su calidad de vida.

La subdirectora de Planeación y Vinculación del Instituto Nacional de Geriatría, Elizabeth Caro, aludió al informe de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores: Avances y Retos, cuyo objetivo es promover, proteger y asegurar el reconocimiento, el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las PAM, para contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

Finalmente, Óscar Alonso Martínez, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana, mostró, desde una perspectiva cualitativa, la forma cómo las PAM en situación de pobreza utilizan el dinero de la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores.

De acuerdo al especialista, en nuestro país existen diferencias en las pensiones por género; mientras el 38 por ciento de los adultos mayores hombres son pensionados, sólo 19 por ciento de las mujeres lo son y la mayor parte la recibe como consecuencia de la muerte del esposo pensionado.