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CIUDAD DE MÉXICO, 2 de febrero de 2016.- El Grupo Parlamentario del PAN en el Pleno del Senado de la República presentó una reforma constitucional en materia de extinción de dominio para robustecer el esquema patrimonial en caso de comisión de delitos.
Entre los puntos propuestos destaca la ampliación del catálogo de delitos por los que procede la extinción de dominio que actualmente únicamente deriva por delincuencia organizada: delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y enriquecimiento ilícito, lo que se propone es que se agregue operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y de la salud y delitos en materia de hidrocarburos.
De acuerdo con la iniciativa presentada por la senadora Pilar Ortega, uno de los objetivos principales es acabar con el modelo de extinción de dominio actual, que solamente procede cuando se declara culpable al implicado, aunque se compruebe que el hecho ilícito está ligado a sus bienes materiales, por lo que plantea que desde el momento en que se compruebe el delito, se procesa al decomiso.
Ortega Martínez precisó que se propone la creación de un fondo definido de bienes extintos, destinados a la reparación del daño de las víctimas y que sirvan para acompañar campañas de prevención y tratamiento de adicciones; recursos que serán supervisados en su aplicación por las autoridades y la sociedad civil.
La senadora panista explicó que se propone la creación de tribunales y órganos de procuración de justicia especializados en extinción de dominio y un programa de protección a testigos y demás sujetos que intervengan en el proceso así como incentivos a denunciantes.
La iniciativa turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos fue signada por los senadores Pilar Ortega Martínez, Fernando Herrera Ávila, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios Córdova, Laura Angélica Rojas Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Yunes Márquez, César Octavio Pedroza Gaitán, Javier Lozano Alarcón, Roberto Gil Zuarth y Rosa Adriana Díaz Lizama y el coordinador del PRD, Miguel Barbosa Huerta.
Esta iniciativa se sumará a la que turnará la Procuraduría General de la República (PGR), que de acuerdo con su titular, Arely Gómez, contempla que serán bienes sujetos a la extinción de dominio aquellos que representen un incremento patrimonial injustificado de los servidores públicos, particulares y personas jurídicas, cuando éstas no acrediten su origen lícito, lo que representa una acción adicional en contra de la corrupción.