Propone TEPJF cancelar registro a quienes violenten la ley electoral

MÉXICO, DF., 19 de octubre de 2015.- El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza, propuso endurecer las penalidades a los actores políticos que en medio de un proceso electoral violenten la ley y pasar de una sanción económica a la pérdida temporal del registro.

“Yo dejo en el debate, muy respetuoso, del Senado de la República, la posibilidad de transitar a la suspensión temporal, de la vigencia del registro de los partidos políticos en el propio proceso electoral o con posterioridad al proceso electoral”, expresó el funcionario federal.

En el marco del Conversatorio sobre “Experiencias y Reflexiones del Proceso Electoral 2014-2015. Primera Implementación de la Reforma político-electoral” del Senado de la República, Carrasco Daza, recalcó que existe un debate muy fuerte sobre si las multas ya que si al final se pagan con financiamiento público estatal, se pone en duda su eficacia y disuasión.

“El régimen punitivo o de sanciones en el procedimiento especial, que se tramitan contra los verdaderos atentados, contra el modelo de comunicación política en los procesos electorales, en mi perspectiva está con un énfasis muy especial al tema de la multa a los intervinientes, concretamente partidos políticos, candidatos”, reiteró el titular del TEPJF.

Por su parte, Santiago Castillo Nieto, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales,  apuntó que en el pasado proceso electoral existieron dos fenómenos; el incremento de violencia contra las mujeres participantes y el turismo electoral.

“En Chiapas, donde se está presentando un fenómeno de domicilio irregular de carácter supranacional, donde se están viendo presuntamente personas guatemaltecas que acuden con actas falsas y con actas expedidas de manera extemporánea, a solicitar credenciales de elector con documentación ante el instituto Nacional Electoral”, subrayó.

En este sentido, el titular de la Fepade mencionó que se expidieron  mil 793 averiguaciones previas; dos mil 596 actas circunstanciadas y 88 carpetas de investigación y se han librado más de 200 órdenes de aprehensión en todo el país, para que sean cumplimentadas a efecto de poder avanzar en el proceso penal y llegar a sentencias condenatorias.