Proponen senadores reforma a la Ley de Transparencia

MÉXICO, DF., 7 de agosto de 2015.- Los senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, propusieron una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Transparencia para que los sujetos obligados publiquen su información sin solicitud previa, es decir que los ciudadanos podrán acceder a documentación más allá de la existente.

«Con esto se articula el interés de la ciudadanía por conocer las principales actividades que derivan del ejercicio de las funciones de los sujetos obligados, y promueve el seguimiento y la evaluación ciudadana», explicó la senadora Laura Rojas, integrante de la Comisión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

En la iniciativa se puntualizan las obligaciones de transparencia de los órganos autónomos como el Banco de México; la Comisión Federal de Competencia Económica; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; la Fiscalía General de la República; de los Institutos Federal de Telecomunicaciones, Nacional de Estadística y Geografía, Nacional para la Evaluación de la Educación, Nacional Electoral; así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

De acuerdo con el proyecto presentado el Banco de México estaría en la obligación de transparentar en su portal información estadística relacionada con la política monetaria; créditos otorgados al gobierno federal y operaciones del Fondo Mexicano del Petróleo; por su parte la Comisión Federal de Competencia Económica, deberá publicar las versiones públicas de entrevistas que lleven a cabo los comisionados con personas que representen los intereses de los agentes económicos para tratar asuntos de su competencia.

Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la obligación extra será transparentar el inventario de programas y acciones de desarrollo social; los resultados anuales a nivel nacional, estatal y municipal, de la medición de la pobreza; los índices de la tendencia laboral de la pobreza y del rezago social; las fuentes de información para la medición de la pobreza.

La Fiscalía General de la República, tendría que publicar para acceso información relacionada con estadísticas en cuanto al número de órdenes de presentación, aprehensión y cateo emitidas; incidencia delictiva en el país; mientras el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicaría además las actas de sesiones del pleno, así como las grabaciones y versiones estenográficas de las mismas, atendiendo a la naturaleza de la información que maneja el Instituto Federal de Telecomunicaciones; así como la relacionada con las bandas de frecuencia y el registro público de telecomunicaciones.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, tendría que publicar información relacionada con el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Educativo Nacional; los bancos de datos; el catálogo de evaluaciones que contribuyan a mejorar la calidad de los aprendizajes de los educandos, con especial atención a los diversos grupos regionales, a minorías culturales y lingüísticas y a quienes tiene algún tipo de discapacidad, así como su implementación; el diseño de las políticas, los programas, así como su avance y ejecución.

El Instituto Nacional Electoral tendría que publicar los listados de partidos políticos nacionales, agrupaciones políticas y candidatos independientes; los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas otorgadas a los partidos políticos, agrupaciones políticas y candidatos independientes así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los gastos de campañas; los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio de los partidos políticos nacionales, agrupaciones políticas y candidatos independientes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  el listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones; el estado que guardan las investigaciones de los hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos; las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de los derechos humanos; el estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país.

Finalmente, el Consejo Consultivo, se establece el procedimiento para nombrar a sus integrantes, tarea pendiente del Senado de la República, y en el que se garantizará la equidad de género así como la experiencia en la materia. Será un consejo fuerte, robustecido en su autonomía con la participación de la sociedad civil, que opine sobre los casos relevantes que conozca el INAI, y contrarreste decisiones que tiendan a ocultar la información.