Protección de migrantes en México, un proceso inacabado: CNDH

MÉXICO, DF., 6 de noviembre de 2015.- La política pública para la protección de personas en contexto de migración en México es un proceso inacabado, una actividad del Estado que no termina por construirse, afirmó este viernes el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

Se informó en un comunicado que subrayó que nuestro país, como la mayoría de los Gobiernos nacionales, ha centrado sus esfuerzos en contener el flujo migratorio, olvidando en muchas ocasiones la visión más importante: la de las personas y sus necesidades y, sobre todo, sus derechos humanos.

“Si bien la movilidad de la persona es un derecho fundamental –subrayó—, lo ideal es implementar acciones que prevengan la migración involuntaria o forzada; que los Estados proporcionen a sus nacionales las condiciones mínimas necesarias que garanticen y protejan sus derechos humanos para evitar que la población se movilice sin desearlo”.

Hizo saber que “el anhelo de las personas migrantes por buscar mejores perspectivas de desarrollo y de vida no tiene fronteras. La pobreza, la desesperanza y, cada vez más, la violencia, son las causas por las cuales muchos de nuestros hermanos centroamericanos emprenden su largo camino”.

Al clausurar la conferencia La Política Migratoria Mexicana hacia Centroamérica, organizada por el Conacyt, CIDE, CIESAS y El Colegio de la Frontera Norte en el Museo Memoria y Tolerancia, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enfatizó que para que las violaciones a los derechos humanos de la población en contexto de migración logren erradicarse, además del conocimiento suficiente de las normas y su estricta observancia, se debe contar con servidores públicos conocedores y sensibles de los derechos humanos de quienes se encuentran en el citado contexto.

“El respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad no sólo se logra a partir de la aplicación de la norma, de generar responsabilidades y castigar las violaciones a derechos humanos, sino también verificando los perfiles, la capacitación, la vocación y el actuar honesto de los servidores públicos que tienen en su labor la aplicación de la norma migratoria”, aseguró.

Dijo que se tiene que buscar una especialización del servidor público migratorio. Inclusive, debe ser un compromiso regional, de manera tal que todos los servidores públicos que en los distintos países tengan relación con personas en contextos de migración, estén especializados en el tema, capacitados en materia de derechos humanos y tener la vocación de servicio para desempeñarse mejor durante el camino del migrante.

Hizo referencia a la capacitación que al respecto imparte la CNDH, especialmente en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua y Baja California, conjuntamente con organismos internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para la Migraciones (OIM), así como con el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF nacional).

Presentó un recuento de acciones emprendidas por países de la región centroamericana, así como México, Estados Unidos y Canadá, para atender el fenómeno migratorio, tras lo cual mencionó que los esfuerzos siguen siendo particulares y de aplicación local, en tanto que la cooperación no es suficiente ni efectiva. En estas tareas incluyó los resultados de la Primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas, y la Reunión de Trabajo México-Centroamérica, en que participaron los ombudsman nacionales.

González Pérez destacó que para lograr lo dispuesto en leyes y reglamentos es necesario un cambio estructural en la ideología colectiva, en relación con la persona que migra, pues las violaciones a los derechos humanos no sólo las comete la autoridad, sino también lo hacen los particulares, con la salvedad de que únicamente a la autoridad se le reprochan responsabilidades por este motivo.

Apuntó que a pesar del Programa Especial de Migración, publicado en abril de 2014, durante ese año se recibieron 548 quejas y, de enero a octubre del presente año, se han recibido 670, cuyos principales hechos denunciados consisten en trato inhumano por elementos del INM, uso excesivo de la fuerza por policías y miembros de las Fuerzas Armadas, inseguridad jurídica en estaciones migratorias, falta de artículos mínimos para una estancia digna en dichos lugares, así como hacinamiento.

Refirió que en 2014 se recibieron 20 quejas contra COMAR, cantidad que se ha rebasado en este 2015, donde se denuncian escasa información, nulo asesoramiento jurídico, exceso de tiempo para resolver y falta de sensibilidad para detectar necesidades de refugio.

El Ombudsman nacional señaló que trabajar en favor de la seguridad humana implica propiciar condiciones sociales, económicas, culturales, de seguridad, políticas y jurídicas, para una vida en que la garantía de los derechos humanos sea la constante. De ahí la urgencia de suscribir tratados internacionales binacionales o multinacionales, en torno de la población migrante, para favorecer los flujos migratorios de manera legal y ordenada.