Queda legalmente desindexado el salario mínimo en México: Conasami

MÉXICO, DF., 28 de enero de 2016.- Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del “decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo”, se da un gran paso para que el minisalario pueda avanzar a un mayor ritmo en su recuperación gradual y sostenida y poder así alcanzar el pleno cumplimiento del mandato constitucional, informó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

Se informó en un comunicado que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es equivalente al valor del salario mínimo general, es decir, de 73.04 pesos mexicanos. Dentro de los 120 días naturales siguientes, el Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar en lo sucesivo el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

El proceso de desindexación fue propuesto por la Conasami hace más de 10 años. El Consejo de Representantes, el 9 de diciembre de 2011 resolvió hacer un público manifiesto para que se promoviera la realización de estudios que analizaran la viabilidad de desvincular la figura del salario mínimo utilizada en las diversas disposiciones legales como unidad de cuenta, base o medida de referencia (DOF 19 diciembre 2011).

Y fue el 5 de diciembre de 2014 cuando el presidente Enrique Peña Nieto presentó ante la Cámara de Diputados la Iniciativa para reformar los artículos 26 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y su uso como unidad de cuenta en el Orden Jurídico Nacional.

La razón principal para promover la desindexación del salario mínimo fue la de suprimir las disposiciones legales en las que sus incrementos se tomaban como referencia para actualizar el saldo de los créditos otorgados a los trabajadores para la adquisición de vivienda por parte del INFONAVIT, FOVISSSTE y de otras instituciones del Estado dedicados al otorgamiento de crédito para la vivienda, toda vez que si los incrementos al salario mínimo hubieran ido mucho más allá que los incrementos a los salarios de los trabajadores beneficiarios de estos créditos, se hubiera llegado a una situación en que el monto de los créditos se hubiera vuelto, en gran medida, impagables para los trabajadores, ésta entre otras muchas razones.

Ahora el Congreso de la Unión, las Legislatura de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del decreto mencionado, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.

En lo que corresponde al Congreso de la Unión, y en particular a la Cámara de Diputados, ésta ha procedido a crear el Consejo Técnico integrado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la Comisión de Competitividad y la Comisión de Seguridad Social y por representantes de organismos y entidades públicas y privadas, entre las que se encuentran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Esta “instancia estará encargada de regular y dirigir la fase previa a la determinación de las Iniciativas relacionadas con el salario mínimo. En esta fase se identificarán los ejes rectores que servirán como una plataforma nacional de discusión y colaboración, que tendrá como finalidad generar un debate amplio, incluyente e informado”.

Y el Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que no excederá de 120 días naturales siguientes a la publicación del decreto de Reforma Constitucional de este miércoles.