Quiere Peña dejar legado de una sociedad que respete derechos humanos

MÉXICO, DF., 10 de diciembre de 2015.- Una sociedad que respete la dignidad de todas las personas y sus derechos humanos es el legado por el que trabaja el Gobierno, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto.

En esta vertiente, ir construyendo y fortaleciendo su marco jurídico, normativo, institucional y políticas públicas en materia de los derechos humanos.

“En el Gobierno de la República creemos firmemente que combatir frontalmente la desaparición forzada y la tortura es una condición básica para lograr la plena vigencia del Estado de Derecho en nuestro país”, refrendó el Ejecutivo federal, en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos.

En presencia del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, ratificó su compromiso “invariable e indeclinable con la dignidad humana y con el fortalecimiento permanente de las capacidades institucionales en favor de la defensa de los derechos humanos”.

En el uso de la palabra durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, el primer mandatario firmó las iniciativas de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, la cual permitirá establecer una nueva política pública enfocada en su búsqueda y localización.

La iniciativa plantea la creación de cuatro instrumentos básicos: el Sistema Nacional de Búsqueda, que asegure la inmediata movilización de las instancias de seguridad pública, procuración de justicia y personal especializado ante un reporte de desaparición.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. A partir de esta base de datos los familiares podrán dar seguimiento a su denuncia de desaparición.

El Registro Nacional Forense, el cual utilizará los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología para facilitar la localización e identificación de personas desaparecidas.

Y el Consejo Nacional Ciudadano, integrado por defensores de derechos humanos, especialistas y familiares de las víctimas, cuyo objetivo será asesorar y emitir opiniones al Sistema Nacional de Búsqueda.

Además, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, mismas que pondrá a consideración del Congreso de la Unión, tiene el objetivo de erradicar esta práctica a través de las siguientes instancias:

• Las Unidades Especializadas de Investigación, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, para combatir con mayor eficacia este delito.
• El Mecanismo Nacional de Prevención, conformado por la propia CNDH y los ombudsman estatales, en los que participan representantes de organizaciones internacionales, sociedad civil, académicos y expertos.
• El Registro Nacional de los Delitos de Tortura y Otros Tratos Inhumanos y Degradantes, integrado por las bases de datos de la Procuraduría General de la República y las Procuradurías de Justicia Locales.

De ser aprobadas por los representantes del Poder Legislativo, subrayó que por primera vez se definirán a nivel nacional con claridad y precisión las competencias y las formas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, clave para combatir con eficacia y contundencia las violaciones a los derechos fundamentales, delitos que serán considerados permanentes, por lo que jamás prescribirán y se perseguirán de oficio.

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