Rechazan presunto despojo de tierras a indígenas y campesinos

MÉXICO, DF, 13 de junio de 2014.- Organizaciones del Congreso Agrario Permanente (CAP) rechazaron tajantemente la pretensión del Gobierno Federal de legalizar el despojo de tierras a indígenas y campesinos planteadas los Artículos 91 y 96 de la iniciativa de Ley Reglamentaria de Hidrocarburos de la reforma energética.

Durante el segundo encuentro de legisladores, organizaciones de productores y academias, Reforma del Campo con la Comisión de la Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, los agremiados dieron un ejemplo de unidad al denunciar que actualmente existen 35 millones de hectáreas concesionadas en el territorio mexicano, de las cuales 24 de ellas se encuentran en manos de indígenas y campesinos.

En ese sentido, el despojo de tierras está violentando el marco legal de los tratados del régimen de propiedad de la tierra, denunciaron ante la comisión representada por el diputado José Antonio León Mendivil, Secretario de Asuntos Agrarios del Partido de la Revolución Democrática, “lo que está generando un ambiente de resistencia en las comunidades locales e indígenas y la polarización en el país.”

“Muchas veces los ejidos y comunidades no saben que sus tierras están concesionadas y se enteran hasta que las empresas llegan a trabajar”, manifestaron los representantes del CAP.

Agrario Permanente señaló que el problema de desarrollo que está imponiendo el Gobierno Federal con la reforma energética no va acorde a la cultura y forma de vida de campesinos, a lo que argumentaron que no solo es el despojo de la propiedad sino también el despojo ambiental que generaría la explotación de hidrocarburos, como en su caso fue la minería.

En la explotación de minerales, revelaron que sólo en la Sierra Norte de Puebla hay 90 concesiones mineras en un promedio de 120 mil hectáreas, equivalente a la mitad del ese territorio, en donde existen comunidades asentadas en reservas del país, sin embargo, son entregadas a transnacionales para la explotación de plata, oro y hierro.

“Ni siquiera podemos hablar de rentabilidad ya que el tipo de extracción mineral a cielo abierto contamina los ríos y acaba con la región”, afirmaron ante la comisión agraria.

Refutaron que dicho sector social produce el 70 por ciento de alimentos que se consumen en el país, pero que hace falta un 25 por ciento de producción para hablar de una soberanía alimentaria en México.

“Nosotros decimos rotundamente no es el régimen de propiedad social de la tierra el que tiene postrado el campo mexicano”, exhortando al Gobierno Federal a atender la reforma al campo para fortalece el tejido social, la propiedad social de la tierra y la inversión a los pequeños y medianos productores.

Criticaron que toda la política social de inversión en infraestructura y el presupuesto para el campo no esté orientado al sector de la clase baja y vulnerable, sino al sector empresarial y comercial.

“No se trata de un problema de soberanía alimentaria, si no de seguridad nacional porque un país que no garantiza la alimentación de su pueblo, es un país de soberanía nacional débil.”