Rechazan secretarios del Trabajo ‘contratos de protección’

MÉXICO, DF., 22 de junio de 2015.- Los Secretarios del Trabajo y titulares responsables de las áreas laborales de los Gobiernos de las entidades federativas y el Distrito Federal, rechazaron categóricamente y de manera unánime la práctica de los denominados ‘contratos de protección’, anunció este lunes el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida.

“Es una respuesta de todo el Gobierno de la República a una serie de cuestionamientos que no son bien sustentados y que han tenido intereses específicos, y aquí está respondiendo la República en el sector laboral”, señaló el funcionario.

Navarrete Prida reprochó en voz de los secretarios, la promoción de los gobiernos sobre la existencia de ‘contratos de protección’ en México.

“Queremos factores de la producción fuertes, sindicatos muy fuertes y cámaras empresariales muy fuertes”, reiteró el titular de la STPS al desmentir la crítica realizada para evitar la firma del Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TTP).

Recordó que recientemente hubo una queja con datos inexactos, que no corresponden a la realidad de México después de la Reforma Laboral, señalando que en México se protegía institucionalmente este tipo de procesos.

En el documento firmado en el marco de los trabajos de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (CONASETRA), los responsables de la política laboral se pronunciaron por continuar protegiendo el derecho pleno a la sindicalización y contratación colectiva, haciendo un frente común contra cualquier práctica de simulación que restrinja la libertad de los trabajadores de decidir su representación, o su voluntad de suscribir un contrato colectivo con su pleno conocimiento y consentimiento.

Acompañado de la Subsecretaria de Empleo y Productividad de la STPS y Secretaria Técnica de la CONASETRA, Patricia Martínez Cranss, el Secretario Alfonso Navarrete Prida, informó que acordaron poner consideración de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que los legisladores agilicen los trabajos de reformas y adiciones constitucionales para la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).