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MÉXICO, DF, 13 de marzo de 2015.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está reconociendo que el proceso electoral ya es inequitativo y tiene vicios de origen al resolver que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) violó la Constitución con la transmisión de spots de sus informes legislativos, señaló el líder parlamentario del PRD, diputado Miguel Alonso Raya.
Luego de que la Sala Superior del TEPJF emitiera una sentencia en la que califica de “grave” la infracción electoral del Verde Ecologista, el perredista consideró insuficiente la resolución y conminó a analizar la procedencia de establecer sanciones más contundentes contra el PVEM, entre ellas la pérdida de su registro.
El órgano jurisdiccional advirtió que 42 empresas de radio y televisión que participaron en la misma también son responsables de la violación a la Constitución por transmitir spots de informes legislativos del Verde.
Desde diciembre de 2014, el representante de su partido en el INE, Pablo Gómez, denunció que el Partido Verde Ecologista de México y sus legisladores habían derrochado más de 462 millones de pesos en la difusión de más de 192 mil spots transmitidos por televisión de la campaña El Verde Sí Cumple.
Tras una crisis que enfrentó el Instituto Nacional Electoral con los representantes de siete partidos en el Consejo General, en una semana el órgano electoral emitió cuatro sanciones en contra del Partido Verde Ecologista por su campaña de difusión.
En las dos últimas resoluciones, el instituto demandó al PVEM suspender la entrega de miles de tarjetas Premia Platino mediante las cuales ofrecían beneficios en más de ocho mil comercios y demandó a éstos no hacer válidos ningún descuento ni bonificación.
En opinión de Alonso Raya, no basta con que el TEPJF y el INE hayan resuelto que el PVEM cometió una falta grave a la Constitución y violó la ley electoral, sino que tienen que medir el impacto de su ilegal campaña de difusión en la equidad de la contiendan electoral de este año.
Bajo esta lógica, pidió revisar la procedencia de establecer en contra de ese partido la más alta sanción económica establecida en el marco legal y valorar si la gravedad de las faltas implicaría la pérdida de su registro como instituto político.