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MÉXICO, DF, 4 de julio de 2014.- La reforma en telecomunicaciones no es más que un conflicto entre particulares disfrazado de política pública. Eso es lo que afirman los jóvenes del Colectivo por el Derecho a la Comunicación que se manifestaron contra la manera en que el Senado discutió en comisiones un tema trascendente para el país de espaldas a la ciudadanía. Lo único que pedían era fijar una postura sobre el tema, pero en lugar de ser escuchados, fueron sacados por la fuerza. Así se legisla en el Congreso.
“Es un chiste. En realidad lo que se está discutiendo en el Senado no es la democratización de medios sino poner límites o cinturones a las empresas. Es un debate meramente económico, cuando están olvidando totalmente a los medios públicos, los medios sociales”, afirma Alexandría Sevilla, del Colectivo por el Derecho a la Comunicación.
La organización se creó a partir de lo que era el grupo de democratización de medios del movimiento estudiantil #YoSoy132, aquellos jóvenes que durante las campañas presidenciales de 2012 pedían ser tomados en cuenta a la hora de construir el futuro del país. A dos años de distancia, la demanda sigue siendo la misma: democratizar los medios de comunicación. Algo que no ocurrirá con la reforma a las leyes secundarias que se discuten en el Senado, con la cual los grandes grupos económicos se repartirán el pastel de las telecomunicaciones mientras se bloquea la diversidad de opiniones a través de los medios comunitarios.
“Más que vestirse de camisetas de algún partido, lo que hacen los senadores es vestirse con la camiseta de una empresa, ya sea Televisa o América Móvil. Lo que menos importa en la reforma a estas alturas es quién se declara o no preponderante, sino la traba que le están poniendo a los medios sociales para que haya la diversidad que debe haber. Que se abran dos cadenas más para empresarios no implica que vaya a haber una diversidad de voces en los medios de comunicación”, señala.
Esa fue la mecha que detonó la protesta de los jóvenes el pasado miércoles, mientras las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Estudios Legislativos y Radio, Televisión y Cinematografía del Senado aprobaban de manera fast track el dictamen de la reforma en telecomunicaciones apenas unas horas después de que este fuera dado a conocer a la ciudadanía tras semanas de negociaciones secretas entre los partidos políticos y el gobierno federal.
Los integrantes del colectivo habían solicitado a los presidentes de las tres comisiones, leer un pequeño documento de una hoja para ser tomados en cuenta durante una discusión de carácter público. De poco sirvió. Cuentan que cuando escucharon al senador del PT, Marco Antonio Blásquez, evidenciar su desconocimiento de la reforma discutida, al utilizar en reiteradas ocasiones un término obsoleto en la ley como el de “permisionario”, no pudieron contener su inconformidad. Algunos de ellos se levantaron de su asiento en el palco del salón de sesiones y comenzaron a gritar: ¡No nos van a censurar! El senador Javier Lozano, presidente de la comisión de Comunicaciones, detuvo la sesión y pidió al cuerpo de seguridad del Senado intervenir para sacar a los jóvenes del salón. Entre jaloneos, fueron echados a la calle. Ahora estudian la posibilidad de ejercer acciones contra el Senado por coartar su derecho a la expresión.
“Estamos evaluando junto con algunos organismos de derechos humanos las posibilidades jurídicas que tiene el caso, porque de entrada hay un abuso de autoridad debido al uso excesivo de la fuerza y coartaron nuestra libertad de expresión cuando lo único que queríamos era leer un documento que no tardaríamos más de tres minutos”, señala Neftalí Granados, uno de los manifestantes que fueron sacados por la fuerza, aún cuando sostiene que las sesiones de Comisiones Unidas es un evento de carácter público donde cualquier ciudadano puede externar sus puntos de vista. Sobre todo, cuando algunos temas de interés ciudadano han sido ignorados por los políticos.
“Algo que no se ha tratado mucho es el tema de la digitalización, lo que nos permite es potenciar las capacidades, que haya muchas señales. Al existir esto, existe la posibilidad de que haya radios comunitarias, televisión ciudadana, servicios de televisión móvil que pudieran basarse en modelos de cooperativas independientes e incluso internet de banda ancha. Son muchos los aspectos que tienen que ver con el uso social del espectro radioeléctrico. Sin embargo, la iniciativa de ley solamente plantea una reserva del 10 por ciento del espectro para uso comunitario e indígena, acotándolo específicamente al aspecto de las radios comunitarias y dejando afuera todos los demás servicios que se pueden brindar”, apunta Granados.
De acuerdo con el dictamen de telecomunicaciones, los medios sociales dependerán de un porcentaje mínimo de la publicidad oficial para poder financiarse, situación que de acuerdo con senadores como la perredista Alejandra Barrales, presidenta de la comisión de Radio y Televisión, esto solo fortalecerá el control de los gobiernos sobre los medios comunitarios. Y mientras esto ocurre, los tiempos de comercialización de las televisoras aumentarán de 18 al 38 por ciento.
Un escenario desigual entre los medios comerciales y medios comunitarios como Ajusco Radio, estación de radio con la cual los jóvenes manifestantes estaban transmitiendo en vivo la discusión en comisiones de la reforma en telecomunicaciones, a través de la señal 102.1 fm y un pequeño transmisor que también transmite por internet.
“Nosotros lo que pedimos es que nos permita transmitir en el espacio radio eléctrico porque no alcanzamos a abarcar nuestra zona nada más con internet y con radio bocina, que es lo otro que hacemos, para llegar a toda la ciudadanía y hacer nuestro trabajo, que es organizarnos”, señala Pablo Guillén, integrante de Ajusco Radio.
La estación comunitaria tiene como objetivo transmitir información para la comunidad de Santo Tomás de Ajusco. En dicha emisión, una maestra tiene un programa infantil sobre derechos de los niños. Otra doctora tiene un programa sobre salud y un joven tiene otro programa habla sobre los problemas sociales que enfrenta la comunidad ubicada en las faldas del cerro del Ajusco. Pablo tiene un programa en que compara algunos sucesos de la historia con el México actual. Al pedirle un comentario sobre la reforma en telecomunicaciones desde una perspectiva histórica, esboza una ligera sonrisa tras la tupida barba.
“Los guardias sacando a mis compañeros es una imagen que refleja lo que tenemos ahora, un gobierno intolerante y autoritario que no permite que la ciudadanía, en su derecho político y de libre expresión, pueda emitir su opinión sobre unas leyes que afectan a la mayoría de la población mexicana. Para este tipo de decisiones tiene que estar incluída la ciudadanía, sobre todo los que están interesados en dichas leyes”, afirma.
“Al momento en que Lozano pide que saquen a mis compañeros del pleno, de manera violenta, habla del tipo de gobierno y de la ausencia de actitud democrática que tienen nuestros dirigentes”, finaliza.