Reformas a justicia militar facilitan violaciones a DDHH: Peña Gómez 

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de mayo de 2016.- La senadora Angélica de la Peña (PRD) advirtió que las reformas a probadas al Código de Justicia Militar empoderan al Ejército Mexicano y facilitan posibles violaciones a los derechos humanos.

Por ello, propuso a la Comisión Permanente que el Ejecutivo Federal devuelva el decreto al Congreso de la Unión a fin de considerar las observaciones realizadas al mismo por el Representante Adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y las contenidas en el Diario de los Debates de ambas Cámaras.

Mediante un comunicado de prensa, la senadora de la República apuntó que los ordenamientos aprobados se realizaron sin un análisis puntual y sin los consensos políticos necesarios, ya que, agregó, mantienen la figura del fuero militar, lo que implica que existe una incompatibilidad del fuero militar en México.

“Es incompatible con las normas del derecho internacional de los derechos humanos advertida desde la década de los noventa por el relator contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien expresó su preocupación por el hecho de que “el personal militar parece gozar de inmunidad frente a la justicia civil”.

Al respecto, agregó que diversos mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos han hecho señalamientos al Estado mexicano para reformar la legislación con el objeto de limitar el fuero militar.

“Como el Comité contra la Tortura y el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quienes han señalado que se debe modificar el Código a fin de que dicho fuero aplique únicamente sobre los delitos de funcione militares y que se elimine la jurisdicción castrense en cuanto a delitos cometidos por militares contra civiles”, resaltó.

Recordó que estas recomendaciones realizadas al Estado mexicano encontraron eco en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y Ecologistas Presos, todas contra México, en las que establece el alcance restrictivo y excepcional que debe tener la jurisdicción penal militar y su aplicación al caso concreto.

La legisladores de izquierda resaltó que resultaron una falacia los argumentos que se vertieron en la discusión y aprobación de estos ordenamientos, puesto que el discurso oficialista de los legisladores afines al partido en el poder se centró en que con la reforma únicamente se armonizaban las disposiciones militares con el nuevo esquema penal que el legislativo emitió, puesto que dentro del mismo no se disponía mayores facultades al ejército, y menos aún, facultades tan arbitrarias como la de los cateos en inmuebles civiles o federales.