Remite Profepa a 5 por posesión ilícita de Totoaba

México, DF, 19 de agosto de 2014.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) presentó ante el Ministerio Público Federal en Baja California a cinco personas, dos de ellas de origen asiático, por la extracción y posesión de Totoaba con fines de tráfico y comercialización ilícita, especie  catalogada en vías de extinción por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT- 2010, informó la dependencia en un comunicado.

En el marco de acciones distintas realizadas por la Coordinación General Operativa y de Investigación Ambiental (CGOIA) de la PROFEPA  en dicha entidad, se aseguró un cargamento total de cuatro totoabas (Totoaba mcdonaldi) de un metro de longitud y 12 kilogramos cada una; tres buches secos; artes de pesca  y una panga de 25 pies de eslora.

Los operativos realizados en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), permitieron a los inspectores de la PROFEPA, en una primera acción, la detención de tres sujetos en la zona denominada Punta Final, situada aproximadamente a 180 kilómetros del Puerto de San Felipe, Baja California, quienes permanecen a disposición del MPF.

En una segunda actuación, ocurrida en la localidad de Guadalupe Victoria, policías municipales detuvieron a dos personas originarias de China, quienes transportaban en  un vehículo Jeep Cherokee tres buches secos de totoaba.

Las personas detenidas junto con el vehículo y el producto asegurado, fueron puestos a disposición  de las autoridades ministeriales.

Derivado de lo anterior, se ejercitó acción penal en contra de los dos sujetos por delitos contra la biodiversidad, previsto y sancionado en el artículo 420 fracción IV y V del Código Penal Federal, con la agravante de fines comerciales.

Cabe destacar que la PROFEPA presentó formalmente ante el Ministerio Público Federal la solicitud de coadyuvancia para poder sumarse en los esfuerzos del proceso penal que conduzcan a una sentencia favorable para el medio ambiente, así como a la reparación del daño.

Los detenidos tendrán un plazo de 72 horas para que el Juez Federal en Procesos Penales radicado en Mexicali, determine su situación jurídica.