Cerramos la etapa del institucionalismo neoliberal, considera Monreal
MÉXICO,DF,. 8 de septiembre de 2015.- La senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza respaldó la postura de crear una fiscalía especial investigadora con autonomía respecto de las autoridades que hasta el momento han desarrollado las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa.
“Esta fiscalía deberá ser encabezada por un jurista de reconocido prestigio e independencia al que se le otorguen facultades de ministerio público de conformidad con lo que establece la normatividad en la materia, especialmente la Ley Orgánica de la PGR”, señaló la legisladora perredista en tribuna al referirse al informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH).
Mediante un comunicado, Mendoza dijo que la conformación de una fiscalía especial deberá contar con recursos financieros, materiales y humanos suficientes, además de plena libertad para elegir el equipo ministerial, pericial y policial para el desarrollo de la investigación.
La existencia de otras opiniones científico forenses, abundó la legisladora, obliga a que una fiscalía autónoma, convoque a un equipo forense de expertos internacionales que realice una diligencia que permita hacer una recreación científica de los hechos ocurridos en el basurero de Cocula para esclarecer la verdad con la mayor certeza que la ciencia ofrezca.
“Ésta ha sido la investigación más relevante que se ha desarrollado por el actual gobierno federal en materia de derechos humanos, la más delicada por la dolorosa realidad de los hogares y familias a las que les falta un ser querido en casa porque se desconoce su paradero o porque fueron asesinados por policías municipales en connivencia con un grupo delincuencial. Circunstancia que ha sido una vergüenza para mi propio partido”, destacó.
La perredista consideró que el gobierno federal no sólo debe atender las recomendaciones, sino iniciar una investigación que deslinde las responsabilidades y sancione a quienes no cumplieron con los mandatos del debido proceso y la debida diligencia.