Respeto al federalismo y a los municipios, en combate a inseguridad: PRD

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de marzo de 2016.- El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentó en el Senado de la República una iniciativa en materia de seguridad pública estatal y municipal coordinada para que sea tomada en cuenta en la agenda de seguridad y justicia que será discutida en el último tramo del actual periodo ordinario del Congreso de la Unión, informó el propio GPPRD a través de un comunicado.

El nuevo modelo policial, que los diputados perredistas proponen incorporar dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública; “implica generar agentes de policía más comprometidos, más analíticos y con poderes más amplios, además de jerarquías policiales horizontales, privilegiando la prevención del crimen, por encima de la represión del mismo”.

El diputado Daniel Ordoñez Hernández informó que la iniciativa de su partido retoma una propuesta de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), que plantea que la reforma en materia de seguridad y justicia deberá transitar por el restablecimiento de tres dimensiones clave: legitimidad, seguridad y eficiencia.

“La reconstitución de la legitimidad requiere expandir la participación y la inclusión, reducir las inequidades, crear mecanismos de rendición de cuentas, combatir la corrupción, garantizar elecciones competitivas, aumentar la oferta de servicios públicos, la reforma constitucional y el diseño institucional, como también el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil”, indica el análisis.

Señala además que “el restablecimiento de la seguridad —pública civil— supone el fortalecimiento de la capacidad operacional y efectividad de las fuerzas de seguridad, su control civil, la rendición de cuentas y transparencia,  los derechos civiles, el sistema judicial y el funcionamiento de los Tribunales”.

La casa de estudio considera también que “la eficiencia descansa en una buena gobernanza, implicando, una infraestructura municipal adecuada y funcional, salud y escuelas disponibles para la población, provisión de vías y redes de transporte y atención a las necesidades de seguridad social”.

La iniciativa perredista propone “impulsar el combate a la impunidad, el desmantelamiento de las redes de corrupción, mejorar la procuración de justicia, atacar las capacidades económicas de la delincuencia, establecer la vigilancia y supervisión civil, promover la restauración del tejido social, impulsar modelos de policía de proximidad, la rendición de cuentas, hacer efectivo un proceso de desmilitarización y disminuir la desigualdad social, es decir, garantizar el desarrollo integral de las y los mexicanos”.

Así como “implementar controles internos sobre el desempeño de las Policías, fortaleciendo un enfoque autorregulatorio en el que se perciban procedimientos justos y adoptar políticas de capacitación de todos los intervinientes en el sistema de justicia penal y que deben coadyuvar con el Ministerio Público y ser auxiliados por las Policías”.

Añade que “una reforma constitucional de esta naturaleza deberá estar enfocada a atender la problemática en su conjunto, lo que implica no pasar por alto que en realidad existen problemas graves en algunas corporaciones policiales municipales que deben ser atendidas con políticas criminológicas excepcionales, pero de carácter excepcional, limitado y estrictamente temporal, salvaguardando las atribuciones originarias de los municipios y la fórmula del federalismo”.

Desde la perspectiva perredista, lo anterior implica “generar nuevas y mejores formas de participación en el control policial, y reconocer y regular la instrumentación excepcional de la asunción de las facultades de las atribuciones de las Policías municipales y/o estatales en los siguientes niveles de gobierno”.

“Proponemos establecer medidas, acotadas, extraordinarias y reguladas en la ley, para que se pueda ejercer en aquellos casos donde es necesario… queremos dejar en claro que manteniendo la vigencia del federalismo y el respeto al municipio, es posible construir alternativas que brinden certeza a la actuación de las autoridades de un orden de gobierno cuando sea necesario intervenir en otro”, se resalta.

En ese sentido, propone “focalizar los esfuerzos y en todo caso diseñar medidas extraordinarias para los municipios donde sea necesaria una intervención acotada”.

“Pretender adoptar una respuesta generalizada en la que se cancelen las facultades legítimas de los municipios se traduciría en injusticia, porque trata igual a los municipios que han podido contener el fenómeno delictivo que aquellos que están en circunstancias críticas; además de ser una decisión que tiende a la ineficacia, pues en vez de concentrarse los recursos y capacidades institucionales para lograr mejores resultados, estos se dispersarían”, concluye la propuesta.