Revelaciones de Bicameral pueden costarle libertad y escaño a Encinas

MÉXICO, DF., 16 de octubre de 2015.- El senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, estaría en riesgo de perder su escaño en el Senado de la República y enfrentar un proceso penal que podría costarle su libertad por haber dado a conocer información confidencial vertida al interior del grupo de trabajo, adelantó Saúl Ramírez de Arellano, consultor legislativo del Instituto Mexicano de Estudios sobre el Poder Legislativo (IMEPOL).

De acuerdo con el Articulo 60 de la Ley de Seguridad Nacional, la Comisión Bicameral deberá resguardar y proteger la información y documentación que se le proporcione, evitando su uso indebido, sin que pueda ser difundida o referida. En caso contrario, se aplicarán las sanciones establecidas en el Código Penal, detalló Ramírez de Arellano Solórzano en entrevista con Quadratín México.

Lo anterior debido a que el senador Encinas Rodríguez detalló en conferencia de prensa información que habría proporcionado el entonces Comisionado de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, en torno a la actuación de las autoridades los minutos posteriores a la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, así como datos aportados por Eugenio Imáz, titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) sobre las escuchas realizadas en las visitas a Guzmán Loera durante su tiempo en prisión.

Y es que al exigir el fincamiento de responsabilidades por la filtración del presunto video con audio del momento de la fuga de Joaquín Guzmán Loera del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, Encinas Rodríguez aseguró que los funcionarios habrían mentido sobre el desarrollo de los hechos, ya que el video transmitido en la edición matutina de Noticieros Televisa contraponía lo expuesto por los funcionarios federales a la Comisión Bicameral.

Al respecto, el analista legislativo, Ramírez de Arellano, subrayó que de acuerdo con el Código Penal en su Título X de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en el Artículo 124 fracción IV se establece que comete ejercicio indebido de servicio público quien «sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión».

En el caso de violación, el Código Penal establece “de dos a siete años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, es decir, de 2 mil 130 a 21 mil 30 pesos de multa y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar otro empleo», recalcó el jurista consultado.

Según el investigador legislativo, la ruta a seguir es que el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, solicite a la Cámara de Diputados una Declaración de Procedencia en su contra, ya que es un delito federal difundir información que pone en riesgo la seguridad nacional.

«La solicitud de la Declaración de Procedencia debe llegar a la Cámara de Diputados, ya sea por medio de alguno de los funcionarios mencionados por Encinas Rodríguez o por el propio presidente de la Cámara Alta como responsable», precisó el académico.

Otra de las rutas es que el coordinador de la bancada perredista del Senado, Miguel Barbosa Huerta, llamé a cuentas a este senador y dejarle en claro que si va a seguir difundiendo esta información será relevado de la Comisión Bicameral.

«No entiendo porque si el senador Encinas Rodríguez ya no forma parte del PRD sigue ostentando un cargo tan importante para la bancada, ya que el sol azteca debe recuperar el espacio de esta Comisión», aseveró el consultor, quien agregó que en paralelo puede presentarse una denuncia ante el Ministerio Público Federal por el manejo indebido de información.

Sobre las acusaciones hechas contra Rubido García por presunto ocultamiento de información, el analista legislativo, destacó que no existieron faltas en la Comisión Bicameral, ya que las autoridades no podían hacer públicos la totalidad de los peritajes pues aún no concluían y al formar parte de una información en proceso, se corría el riego de violentar el debido proceso.

«Si lo hacían se corría el riesgo de que en caso de recapturar a Joaquín Guzmán pudiera su defensa alegar un manejo inadecuado de la información y traer beneficios a su defendido, que es lo que se buscaba: evitar violaciones al debido proceso que supone una cadena de custodia de la información que evite un hecho ilegal», recalcó Ramírez de Arellano.

El senador Alejandro Encinas, al ser cuestionado sobre las posibles repercusiones legales de la exposición de información reservada, descartó cualquier responsabilidad, ya que, dijo, estaba cumpliendo con su deber.

«Por qué habría de tener alguna implicación el cumplir con mi responsabilidad. Mi responsabilidad es garantizar a través de la Comisión Bicameral que la autoridad responsable de las áreas de seguridad nacional se apegue y actúe conforme a derecho y diga la verdad. Yo estoy haciendo eso», aseveró Encinas Rodríguez.