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CIUDAD DE MÉXICO, 21 de febrero de 2016.- La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, no está fragmentada y se mantienen abiertas todas las líneas de investigación.
Tras haber recibido el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes aseguraron que la PGR se ha dedicado a cambiar las averiguaciones previas y declaraciones de los probables responsables de los hechos.
“La investigación no está fragmentada. La Oficina de Investigación del Caso Iguala se encarga de la indagatoria de los hechos respectivos, mientras que la SEIDO conoce eventos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de su competencia, sin que ello implique que deje de remitir las declaraciones de inculpados vinculados directamente con el Caso Iguala para su desahogo. La SEIDO tiene la obligación de investigar lo que le autoriza la ley en el marco de su competencia.
“En observancia a su mandato como coadyuvante técnico, el GIEI ha tenido acceso directo a la información contenida en el expediente, como son las detenciones señaladas por el propio Grupo, y por otra parte la SEIDO ha remitido a la oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos los datos de prueba que pudieran estar relacionados con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, aun y cuando esos datos pudieran haber tenido su origen en otros ilícitos ocurridos en fechas distintas”, señaló la dependencia en un comunicado.
Insistió en que las diligencias se mantendrán abiertas y se agotarán todas para aclarar el caso Iguala, dejó en claro que estas tareas son una obligación que la ley establece, además como una convicción de la institución.
Sobre las filtraciones de información, la dependencia federal aseguró que el Ministerio Público de la Federación se encargará de investigar estos hechos, por lo que recordó que la autoridad y los actores procesales tienen la obligación de guardar sigilo y secrecía en las diligencias.
“La PGR reitera su rechazo y desaprobación a las filtraciones de información, por lo que ha instruido al MPF investigar estos hechos. Cabe señalar que a esta información tienen acceso diversos actores procesales. La autoridad ministerial y los actores procesales tienen la obligación de guardar sigilo y secrecía en las indagatorias.
“La Procuraduría General de la República se encuentra analizando debidamente la pertinencia y el apego a la ley de cada una las solicitudes pendientes del GIEI para su acuerdo. En este sentido se informa que las primeras 177 solicitudes (26% del total de peticiones) ya están debidamente atendidas; las 31 formuladas en el periodo previo a la prórroga del mandato (5% del total) y las 469 contenidas hasta este momento en la segunda etapa (69% del total) se encuentran con un amplio avance de atención”, reveló.
La mañana de este domingo los cinco expertos que integran al GIEI, Alejandro Valencia, Francisco Cox, Claudia Paz, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, revelaron que esta situación les ha representado un obstáculo y dificultad para avanzar en los resultados.