Revive PAN iniciativas para perfeccionar sistema Nacional Anticorrupción

MÉXICO, DF, 26 de agosto de 2015.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado presentó dos iniciativas de la Ley General de Combate a la Corrupción y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, mismas que fueron presentadas en febrero pasado en San Lázaro.

La Ley General de Combate a la Corrupción contempla exponer en una lista negra a los servidores públicos sancionados en cualquier dependencia, entidad u órgano del poder que podrá ser consultada por los ciudadanos; además una nueva plataforma digital de combate a la corrupción que establece la obligatoriedad de transparentar las declaraciones patrimoniales, de conflictos de interés e impuestos.

Además en la propuesta de reforma a la ley aprobada apenas en abril pasado plantea la distribución de competencias en el proceso sancionatorio entre los órganos que integran el SNA, un Código de Ética del Servidor Público como ley general y se incluye una lista completa de actos que serán considerados delitos de corrupción, como el soborno, tráfico de influencias, abuso de funciones, entre otras.

“Nosotros partimos de reconocer que México vive una profunda crisis de credibilidad en sus instituciones, nosotros hemos estado atentos a la publicación de encuestas que dan cuenta que la aprobación de prácticamente todas las instituciones del estado mexicano ha venido en franco declive”, expresó el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya.

En torno a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se precisan esquemas de erradicación de corrupción en los gobiernos locales y municipales; la creación de una plataforma digital del sistema Nacional Anticorrupción que estará compuesta por evolución del sistema patrimonial y de intereses, compras públicas y un comité de participación ciudadana.

Las propuestas panistas fueron entregadas a organizaciones civiles, con el objetivo de intercambiar opiniones y adscribir el respaldo de las ONG’s en la aprobación de las reformas, que asimismo buscan dotas de nuevas facultades a las autoridades encargadas de investigar nuevos actos de corrupción.