Vinculan a proceso a ex funcionarios del SAT por presunto fraude
MÉXICO, DF a 27 de abril de 2015.- María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, recibió la revocación del auto de formal prisión por delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita por parte un tribunal federal la tarde de este lunes.
De acuerdo con informes de la Judicatura Federal (CJF), el tribunal detectó que el juez que la sujetó a un proceso penal no contempló las pruebas de descargo que ofreció la presunta responsable.
Sin embargo, la ex titular del DIF en Iguala, no saldrá del penal femenil de Nayarit ya que el amparo que consiguió solo sirve para que el juez que lleva su caso analice las pruebas que la imputada presentó en su juicio.
Después del análisis que se haga se deberá emitir un nuevo fallo que podría ser un nuevo auto de formal prision o de libertad basado en las pruebas.
La esposa de Abarca impugnó el auto de formal prisión dictado en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la causa penal 105/2014.
El Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal con residencia en Toluca, emitió el fallo después de que el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en el Estado de México, no agotó el tiempo para revisar las pruebas de descargo que presentó Pineda Villa.
Las razones de la PGR
La compra de bienes de inmuebles y muebles con dinero del Cártel de Los Beltrán Leyva y Guerreros Unidos en el periodo de 2005 a noviembre de 2014, fue argumentado por la Procuraduría General de la República (PGR) al momento de su detención.
Ya que a ambos grupos les brindó protección para operar la venta de droga en la zona de Iguala y sus alrededores.
Incluso, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) presentó pruebas ante el juez federal por los montos no comprobables de poco más de 3 millones de pesos que no pudo declarar María de los Ángeles Pineda Villa en el perdido de 2009 a 2011.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ubicó los ingresos no comprobables y que fueron reenviados a SEIDO como pruebas para acusar a Pineda por enriquecimiento ilícito.